El Gobierno nacional defendió ayer en la Cámara de Diputados el proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, en un plenario donde los diputados de Unión por la Patria (UxP) expresaron un fuerte rechazo a esa iniciativa, lo que puede complicar los planes oficiales en un cuerpo que no parece tan amistoso hacia el oficialismo como en el primer semestre del año.
La primera reunión para debatir esta controvertida propuesta dejó en evidencia, en efecto, que el Gobierno necesitará enhebrar nuevos acuerdos con los bloques dialoguistas y aceptar cambios para poder avanzar en esta ley, ya que el kirchnerismo y la izquierda rechazaron de plano la iniciativa, mientras que la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF) también plantearon reparos.
Ante el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia, Niñez, y Juventud, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, aseguró que “resulta indispensable” reformar la ley del Régimen Penal Juvenil, que fue sancionada en la dictadura militar en 1980, ya que la norma actual “permite que los delitos cometidos por menores de 16 años queden impunes”.
“Esta es una demanda que tiene la sociedad y que nosotros debemos, como Ejecutivo, atenderla y aquí, entre las cuatro comisiones, trabajarla y buscar una reforma porque creemos que esta ley es muy superadora respecto de la del año 1980”, enfatizó el funcionario, quien indicó que “la situación de los menores en conflicto con la ley penal y su abordaje necesita una solución integral”. Por su parte, el director de Normativa y relación con los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos, Fernando Soto, señaló que “según encuestas se observa un aumento en la delincuencia que va desde los 13 a los 15 años de edad, esta modificación del Código tiene que atenderse para proteger a la víctima y al adolescente que está en conflicto con la ley penal”.
Desde la oposición, la presidenta de la comisión de Familia, Niñez y Adolescentes, Roxana Reyes (UCR), señaló que la reforma al régimen penal juvenil debe “garantizar la Convención de los Derechos del Niño y de las Normas previstas en Naciones Unidas sobre niños jóvenes que delinquen o están en el proceso de reproche penal”. A su vez, el presidente del bloque de UxP, Germán Martínez, pidió “tener una mirada inclusive integral de aquellos aspectos que podrían suponer una discusión sobre el régimen penal para los adolescentes”.
“Hay que hablar sobre el régimen procesal, hay que hablar sobre los aspectos de justicia penal juvenil, hay que hablar de infraestructura”, exhortó y se quejó de que “no vengan a defender el proyecto los ministros de Justicia, Mario Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich”.
El proyecto del Gobierno establece un régimen penal aplicable a las personas adolescentes desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal. Por su parte, la presidenta de la comisión de Legislación, Laura Rodríguez Machado (PRO), anunció que en la próxima reunión -el martes 6 de agosto- expondrán los autores de proyectos que presentaron diputados de diferente extracción política, mientras que el 14 de agosto comenzará una ronda de consultas con especialistas.
Reforma jubilatoria
El Senado retomó ayer, en un plenario de comisiones, el debate del proyecto que incrementa los haberes jubilatorios y modifica la fórmula de movilidad, que viene de ser aprobado por la oposición en la Cámara de Diputados.
Los emisarios de la Casa Rosada resaltaron su coincidencia con el artículo primero del proyecto, que rescata la actualización de los haberes jubilatorios bajo la actualización mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Las fuentes sugirieron que la Casa Rosada estaría dispuesta a recomponer la pérdida que sufrieron las jubilaciones en enero, que fue del 8,1%, aunque no dijeron nada de las pérdidas de diciembre, que superaron el 25%.
De hecho, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ratificó que el objetivo oficial será resguardar la meta del presidente Javier Milei de conseguir “el déficit cero”.
Ley Antimafia
Para evitar un duro revés en la Cámara de Diputados, el Gobierno cedió a las presiones de los bloques dialoguistas y sacó un despacho de comisión modificando los puntos centrales de la ley anti mafias al eliminar los poderes especiales que reclamaba la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para combatir el crimen organizado.
La propuesta obtuvo dictamen de mayoría con el apoyo de la Libertad Avanza, el PRO, el radicalismo y Hacemos Coalición Federal luego de que se modificara el articulado de la ley.
Los dialoguistas forzaron la eliminación del artículo que le permitía a las fuerzas de seguridad detener a una persona durante 48 horas sin tener la obligación de dar aviso a la autoridad judicial. Tampoco avanzó la facultad de realizar requisas, inmovilizar activos, realizar allanamientos e interceptar llamados telefónicos y mensajes.