El gobierno nacional dio un paso más ayer en su política de ajuste del Estado al ordenar que se inicien los trámites jubilatorios de todos los empleados públicos de planta permanente que cumplan con los requisitos para acceder al sistema previsional. Según las fuentes oficiales, hay 10.000 personas en condiciones de jubilarse en la administración pública.
La medida se hizo oficial mediante la Resolución 3/2024, del Ministerio de Desregulación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, que se publicó en el Boletín Oficial. “Actualmente hay alrededor de 10.000 personas en edad jubilatoria de las cuales más de 6.800 corresponden a planta permanente”, detallaron voceros de la cartera, que indicaron que se firmó un convenio con la ANSeS para que el organismo determine quiénes están en condiciones de concretar el trámite.
Con la medida, el Gobierno instruyó incluso a los titulares de las correspondientes entidades públicas a intimar, en un plazo no mayor a 30 días hábiles, al personal que reúna las condiciones establecidas por la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones a iniciar los trámites administrativos para ingresar al régimen previsional. La resolución va en línea con la reglamentación de la Ley Bases, que establece que aquellos que se encuentren en situación de jubilarse y “hayan sido afectados por el proceso de reorganización del Estado (…) serán reubicados hasta que accedan al sistema previsional”.
Se trata de una medida más en el plan de desguace del Estado que lleva a cabo la gestión de Milei, que entre otras medidas incluye un examen de idoneidad de los cerca de 40.000 empleados que forman parte de la planta de trabajadores, sea de forma transitoria o permanente. Fuentes oficiales anticipan que el objetivo oficial es desprenderse de unos 75.000 trabajadores más. “La medida en sí tiene un mínimo impacto”, aseguró el titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien aseveró que “en general, cada medida o acción que este Gobierno anuncia se trata de cosas que ya existen, ya contempladas por la ley: no traen ninguna novedad”.
Buscan llegar a 75.000 nuevos despidos
La “deep motosierra” anunciada por el ministro Federico Sturzenegger ya está funcionando a pleno, con perspectivas de sumar miles de despidos en la administración pública hasta fin de año. A las 10.000 intimaciones –6800 de ellas a empleados de planta permanente– que ordenó ayer el ministro (ver principal), se suman los 40.000 contratos transitorios que vencen a fines de año y que deberán atravesar un “examen de idoneidad” establecido también por el economista. A este recorte se suman los 3000 despedidos que dejará como saldo la reciente disolución y reconversión de la Afip; las bajas en el Senado dispuestas por la vicepresidenta Victoria Villarruel; y la “reorganización” de distintas áreas de gestión. Todo junto conforma un combo que busca aproximarse a los 75.000 despidos que el propio presidente Javier Milei planteó como meta en junio pasado. ATE, uno de los gremios estales, lleva ya contabilizados 28.000 despidos.