El Gobierno logró frustrar la embestida opositora a los DNU

Redobló la presión sobre los gobernadores para que no dieran quórum a la sesión especial

El Gobierno logró frustrar la embestida opositora a los DNU

El Gobierno nacional le volvió a ganar una pulseada a la oposición en la Cámara de Diputados gracias a su muñeca para la rosca legislativa, al punto que le arrebató el quórum para la sesión que buscaba cambiar el régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y voltear el DNU 846/24, que habilitó el canje de la deuda externa sin la autorización del Congreso ni las condiciones que impone la Ley de Administración Financiera.

La presión de la Casa Rosada a los gobernadores surtió efecto luego de que el ex presidente Mauricio Macri garantizara el respaldo del PRO a la posición oficial. Hasta al mediodía de ayer, la oposición aseguraba contar con los 129 votos mínimos para abrir el debate de la iniciativa que se proponía limitar el uso de los DNU a partir de una modificación de la Ley 26.122. Sin embargo, apenas unos minutos antes de que comience la sesión citada a las 15 en Diputados, faltaban nueve diputados de Unión por la Patria (UxP) que no fueron a dar quórum.

Según Noticias Argentinas, se trató de los cuatro catamarqueños que responden a Raúl Jalil, dos santiagueños que reportan a Gerardo Zamora, la neuquina Tanya Bertoldi y los mendocinos Adolfo Bermejo y Liliana Paponet. Ante ese escenario, desde Encuentro Federal, UxP y Democracia para Siempre pidieron una prórroga hasta el jueves 21 de noviembre para tratar la iniciativa; pero el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, se hizo presente en el recinto y declaró caída la sesión, de lo que se desprende que no admitirá ninguna prórroga.

En todo caso, los impulsores de los proyectos para reformar la ley de DNU y rechazar el decreto 846 sobre canje de deuda deberán pedir una nueva sesión en caso de que quieran impulsar la iniciativa, ya que no está claro que puedan lograr su aprobación. Ocurre que el Ejecutivo redobló la presión sobre los gobernadores para boicotear la movida oposita, bajo la amenaza de no avanzar con el Presupuesto 2025 si se aprobaba la iniciativa.

“Hay muchísima presión de los gobernadores, a los que le prometieron que este jueves hay dictamen para el Presupuesto”, reveló un diputado opositor. Una hora antes que iniciara la reunión de Labor Parlamentaria, de hecho, el oficialismo publicó el llamado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para mañana, con el objetivo de emitir dictamen. El cuerpo hace tres semanas que venía congelado, sin reunirse pese a la cercanía del cierre del período legislativo. Otras fuentes revelaron que un referente de la Casa Rosada pasó por varios despachos y prometió sesiones extraordinarias para enero y negociar cambios a la “ley de leyes”.

“Los gobernadores siguen creyendo en lo que dice la Casa Rosada como si hasta ahora hubieran cumplido con algo, es increíble”, se quejó uno de los impulsores de la sesión, quien agregó que “ahora no solo hay radicales con peluca, también hay peronistas con peluca”. “Esto no es una sesión por la República, esto fue para que los gobernadores tengan su presupuesto”, agregó otro diputado.

El PRO y LLA piden avanzar en la ley de Ficha Limpia

Acaso como una contraofensiva a la movida opositora, el PRO y La Libertad Avanza (LLA) pidieron ayer una sesión especial para debatir el próximo miércoles el proyecto de Ficha Limpia, que impide a los dirigentes con condena en segunda instancia por hechos de corrupción ser candidatos a cargos electivos nacionales.

Nada casualmente, el pedido de sesión especial apareció un día antes de que la Cámara de Casación decida si confirma la pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

Ocurre que la iniciativa, que reúne 17 proyectos, establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos aquellos ciudadanos que tengan una condena en segunda instancia por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, y enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.

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