La Central General del Trabajo (CGT), junto a las dos versiones de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), realizarán hoy su segundo paro general desde la asunción de Javier Milei, en medio de una tirante relación con la gestión libertaria por sus políticas de ajuste para dejar atrás el déficit fiscal y la reforma laboral que se discute en el Senado junto a la Ley ómnibus.
La huelga es acompañada por la enorme mayoría de los sindicatos en todo el país, por lo que se sentirá fuerte durante la jornada en casi todas las actividades, ya que no habrá transporte ni atención en dependencias públicas y sólo se espera alguna actividad en locales comerciales. En algunas capitales –como CABA o Córdoba- incluso hay programadas movilizaciones y otras actividades.
Ante este escenario, el gobierno de Milei salió a cuestionar con dureza la medida de fuerza y anticipó que les descontará el día a los empleados estatales que adhieran, a la vez que pidió a los trabajadores que denuncien si hay extorsiones. “El paro no tiene una razón aparente. Sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones. A los empleados estatales que paren se les descontarán sus haberes del día. Las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que la situación ocasione”, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni. Pronto, el intendente porteño, Jorge Macri, se sumó a la medida y anunció que también descontará el día a quienes paren en su administración.
“Mañana paran los fundamentalistas del atraso que cargan sobre las espaldas de los trabajadores. Sólo van a ganarse el desprecio de los que quieren ir a trabajar”, agregó el portavoz presidencial, quien remarcó que la medida de fuerza impactará en “más de 6.000.000 de trabajadores”. Adorni aclaró que incluso sancionarán a quienes no puedan ir a trabajar por falta de transporte: “Vamos a descontar a quienes interpretemos que fue por parar y no porque tengan imposibilidad de ir a trabajar, porque todos vamos a tener alguna dificultad”. “Ningún país salió del pozo haciendo paro”, advirtió a su vez el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mientras que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, exclamó: “Que se dejen de joder y vayan a laburar”.
Poco después, desde el Ejecutivo anunciaron que lanzarán un operativo coordinado entre la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Seguridad para “garantizar el derecho a trabajar” de los choferes de colectivos y de quienes necesiten transportarse a sus lugares de trabajo. Según anticipó, incluirá efectivos policiales, móviles y agentes, que estarán distribuidos en “puntos estratégicos de riesgo”, aunque no dieron más detalles del operativo.
Al repudio se sumaron la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Amcham (Cámara de Comercio de Estados Unidos) y la Paetac (Primera Asociación Empresarios Transporte Automotor de Cargas), que salieron a rechazar el paro por entender que es “una medida injustificada y por demás inoportuna” y que las “acciones deberían estar alineadas con la situación social y económica de la Argentina”.
Una pérdida salarial de 30 puntos
El cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, salió a justificar la huelga general al rechazar la ola de despidos, así como también el tope oficial a los aumentos salariales y la pérdida del poder adquisitivo ante la inflación.
“No podemos aceptar que todo se libere y que se pretenda que los salarios tengan límites. Somos organizaciones sindicales responsables y tenemos claros cuáles son los límites y las posibilidades de cada sector para llegar acuerdos”, argumentó Daer, quien remarcó que “el impacto que va a generar el ajuste de precios, de tarifas, y el ajuste que se viene dando de achicar los salarios solo nos va a llevar a un proceso recesivo de un nivel inaceptable”.
Los datos oficiales indican que el poder adquisitivo de los trabajadores viene cayendo en picada: entre diciembre y marzo, los sueldos subieron un 58% mientras que la inflación fue del 90%. Es decir, el reacomodamiento de los ingresos se ubicó más de treinta puntos abajo con relación al costo de vida, según se desprende de los índices del Indec y el Ripte (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) que elabora la Secretaria de Seguridad Social.