El juicio oral por la tentativa de homicidio contra la ex presidenta Cristina Kirchner comenzará el 26 de junio a las 10 de la mañana, según dispuso el tribunal oral a cargo del proceso. Los acusados en ese juicio son los detenidos Fernando Sabag Montiel, su novia Brenda Uliarte y el jefe de ambos Nicolás Gabriel Carrizo, que manejaba el negocio de venta de copos de algodón de azúcar donde trabajaban los acusados.
El proceso estará a cargo de los jueces Sabrina Namer, Ignacio Fornari y Adrián Grünberg.
La acusación, en tanto, correrá por cuenta de la fiscal general Gabriela Baigún. Los acusados tendrán defensor oficial, excepto Carrizo.
La instrucción del juicio había estado a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, cuya actuación fue criticada por Cristina Kirchner.
Una de las últimas actuaciones de la jueza fue rechazar una restricción de las comunicaciones de Sabag Montiel. La jueza dijo que el fiscal Carlos Rívolo no explicó “el modo en que la restricción de las comunicaciones de Sabag Montiel propendería a un mayor cuidado de su seguridad” ni detalló tampoco “el criterio que permitiría distinguir a los ‘allegados expresamente autorizados’ por Sabag Montiel de aquellos que no lo son”.
Entre los testigos, está la custodia que tenía asignada la vicepresidenta así como la militancia que la aguarda esa noche del 1 de septiembre del 2022 en su casa así como policías y peritos que intervinieron en el expediente. Para aquel debate aún resta establecer los días de juicio y la frecuencia que tendrá pues son muchos testigos y la duración del mismo de eso depende.
Más allá de los tres imputados y este juicio, aún queda un remanente que se sigue investigando por supuestos dichos del entonces diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Millman en un bar en cercanías del Congreso Nacional y donde habría manifestado que sabía de antemano el atentado que se iba a cometer y él se iba a ir de Buenos Aires.
En ese tramo es que la Justicia está analizando el teléfono de Milman así como el de dos colaboradoras que estaban junto a él ese día.
El otro expediente conexo es el que se investigan las amenazas de “Revolución Federal” que se volcó en redes sociales y por las cuales la expresidenta apunta a sectores de la oposición a partir de la aparición de una conexión con la familia del empresario Nicolás Caputo.