El intendente Martín Llaryora envió al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza que impulsa la modificación del régimen jurídico referido a perros potencialmente peligrosos (PPP). El espíritu de la norma gira en torno a generar la trazabilidad para seguir a estos animales e impulsar su tenencia responsable.
La iniciativa plantea modificaciones a la ordenanza del Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos (13.321), la de Animales Domésticos: Venta y Exposición (9.575), la de Animales Domésticos de Compañía y al Código de Convivencia (12.468). Entre otras medidas, estipula que los propietarios deberán gestionar la emisión de licencia de tenedor de PPP, anotar a estos animales en el mencionado registro, contratar un seguro de responsabilidad civil y realizar capacitaciones en tenencia responsable.
Asimismo, se requiere no haber sido sancionado por infracciones en materia de tenencia de animales y declarar el domicilio donde el animal se encontrará alojado. El texto también contempla controles para establecimientos que comercializan animales peligrosos, indicando que deberán entregar al comprador el certificado de salud del animal y exigir a los dueños la acreditación de los requisitos descriptos para poder concretar la venta.
Además, se incorporan obligaciones y controles sobre los criaderos, que deberán contar con la habilitación de los establecimientos comerciales y con un asesor veterinario matriculado, que será responsable del estado sanitario de los animales alojados en el mismo, en forma conjunta con el propietario o responsable del cuidado. Asimismo, tanto los criaderos como los establecimientos que comercialicen PPP, no podrán entregarlos si no se encuentran castrados.
Por otra parte, los profesionales a cargo de establecimientos que presten servicios veterinarios y que reciban PPP deberán instar el trámite de inscripción en la “app” de Animales de Compañía denominada “Huella Animal”. La inobservancia de esta obligación hará solidariamente responsable a los profesionales y al titular del establecimiento, conjuntamente con los propietarios o tenedores del perro potencialmente peligroso, ante cualquier evento dañoso resultante y será causal de revocación de la habilitación oportunamente otorgada.
La ordenanza también estipula que todo dueño, tenedor o paseador de PPP que incumpla las normas en la materia será sancionado con el decomiso del animal, el que será inmediatamente alojado en lugar apropiado y a determinar por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de la aplicación de una multa de 50 a 250 Unidades Económicas Municipales y la realización obligatoria de curso de capacitación en materia de tenencia responsable de animales de compañía. En caso de reincidencia, el mínimo y el máximo de la multa se incrementan en un 100%.