En la 21ª sesión ordinaria del 146° período legislativo, la Legislatura de Córdoba aprobó en segunda lectura el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el ejercicio 2025. El proyecto fue respaldado por el oficialismo y contó con el apoyo de la UCR y el PRO, aunque fue rechazado por la oposición, que lo calificó como un «cheque en blanco» para el gobernador Martín Llaryora.
El presidente provisorio de la Unicameral, Facundo Torres Lima, resaltó que, por primera vez, más del 80% de los legisladores votaron a favor. «Hoy es un día histórico: Córdoba marca el camino, marca el norte y es pionera de la institucionalidad», expresó.
El proyecto también incluye reformas a diversas leyes, como el Código Tributario Provincial, y establece la Ley Impositiva para 2025. En cuanto al presupuesto, el legislador Ricardo Sosa destacó que se prevé un superávit fiscal y una política de inversión estratégica para el desarrollo de la provincia. «Es el Presupuesto número 20 con superávit fiscal, lo que permitió amortizar la deuda y ejecutar el mayor plan de obras de la provincia», señaló.
Por otro lado, las tensiones en el recinto aumentaron hacia el final de la sesión, cuando se votaron artículos específicos del presupuesto. La UCR y el PRO, aunque apoyaron en general, no estuvieron de acuerdo con algunos detalles en particular. El bloque del juecismo y otros monobloques fueron más firmes en su rechazo, calificando el presupuesto de “dibujado”.
El proyecto aprobado establece un presupuesto total para el ejercicio 2025 de $9.314.907.813.000, con un monto de ingresos previsto de $9.364.643.484.000, destinados a cubrir los egresos. Dentro de las partidas asignadas, se incluyen los recursos para entidades estatales, agencias y empresas, como los $1.558.695.000.000 destinados a la Caja de Jubilaciones, $790.000.000.000 para la Apross y $2.021.394.824.000 para Epec.
Además, se incorporaron partidas adicionales para agencias y una habilitación para la toma de deuda por un monto de U$D 315.359.022, lo que generó críticas por parte de la oposición. Estos puntos fueron especialmente cuestionados por los sectores críticos al considerar que representan un riesgo para la gestión fiscal.