El presidente Javier Milei redobló ayer la embestida contra las universidades públicas en medio del conflicto por la caída del presupuesto universitario y la movilización estudiantil, al advertir que “la negación por parte de la Universidad de Buenos Aires (UBA) a ser auditada es un gran escándalo”.
La referencia tiene que ver con el anuncio de la UBA de recurrir en la Justicia la habilitación de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que depende del Poder Ejecutivo, a realizar las auditorías de las universidades públicas, por el riesgo de que se viole la autonomía universitaria.
“Quiere convertir a la Sigen en su caballo de Troya para arremeter contra el corazón del sistema universitario: la libertad académica. Quiere poder decidir qué saberes o disciplinas son valiosos, qué docentes pueden enseñar y qué alumnos tienen derecho a asistir a la universidad”, expresó la UBA en un comunicado, donde aseveró que actualmente se realizan auditorías y llamó a organizaciones independientes para hacer “una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad para brindar información indudable a la ciudadanía”.
Incluso, el secretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz, remarcó que los informes de auditoría se los envían mensualmente al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, con el “máximo nivel de detalle de gastos establecidos”. “Nunca la UBA se ha negado en hacer las auditorías, de hecho queremos que sean más siempre dentro del marco de las leyes. Está universidad ha decidido proponer una consulta externa”, afirmó Ruiz, quien también apuntó a la Sigen porque “no aporta transparencia” debido a que hay informes que la universidad presenta que “no son publicados”.
“La universidad informa todas las auditorías y está en la página web porque son públicas. No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todas y que tiene el Poder Ejecutivo. La UBA rinde el 100% de los fondos, está todo detallado”, sentenció Ruiz, quien insistió en que “hoy la UBA ya es auditada por todos los organismos previstos en las leyes vigentes, por todos. Y rinde cuentas por todos los fondos que recibe y ejecuta”.
“¿Está claro que la negación por parte de la UBA a ser auditada es un gran escándalo?”, había preguntado Mieli desde sus redes sociales, donde aseveró que desde el sector universitario “movilizaron recursos de todo tipo para montar las marchas y usaron a los estudiantes en todo el país (con mentiras) para que no tuvieran que dar cuentas de sus gastos. Pensalo”.
Lo cierto es que las universidades públicas son el sector más y mejor auditado del Estado: sus cuentas son revisadas periódicamente por la Auditoría General de la Nación (AGN) -que depende del Congreso-, la Contaduría General de la Nación –que depende del Ejecutivo-, y las revisiones internas que están a cargo de un órgano elegido por el Consejo Superior de cada universidad, que es un órgano colegiado donde están todos los claustros (docentes, no-docentes, graduados, estudiantes) y que está compuesto por los distintos espacios políticos que conviven en las casas de estudio.
Aclaraciones de un constitucionalista
El nuevo conflicto desatado con las universidades públicas está en la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) convoque a la Sigen, el ente Auditor Interno del Presidente de la Nación, para que realice nuevas auditorías en las casas de estudio, algo que pone en riesgo la autonomía universitaria garantizada por la Constitución.
“La Sigen no tiene competencias para poder auditar la universidad y el Poder Ejecutivo sostiene que sí. El fundamento jurídico en el que nos basamos es la Ley de Administración Financiera, que establece cuál es su ámbito de competencia, es decir, donde puede actuar: es en los entes y organismos que dependen del PEN”, indicó la UBA.
Cuando en 1994 se reformó la Constitución nacional también se estableció la autonomía universitaria. “Hace 20 años que está saldada esta discusión: primero porque las universidades nacionales no pertenece al PEN y, en segundo lugar, por ese mismo motivo, no pueden intervenir en las cuestiones financieras”, concluyó la UBA.
“Los fondos de las universidades no pueden ser controlados por la Sigen, que depende del Ejecutivo y eso afecta su autonomía. Debe hacerlo la Auditoria General de la Nación que depende del Congreso”, explicó el reconocido constitucionalista Daniel Sabsay, quien aseveró que “se debe rendir cuenta del uso de fondos públicos pero ante el organismo adecuado”.