El gobierno nacional retomó ayer la discusión de la Ley Bases y el paquete fiscal con los referentes de los bloques dialoguistas en la Cámara de Diputados, con el objetivo de restituir algunos puntos centrales caídos en la votación de las mega normas en la Cámara alta, esencialmente la restitución del Impuesto a las Ganancias, la baja del tributo a los Bienes Personales y la privatización de Aerolíneas Argentinas y los medios públicos.
Pero la movida oficial no tardó en encontrar problemas políticos en los bloques aliados, en especial la Unión Cívica Radical (UCR), que podría profundizar su división ante las presiones de la Casa Rosada. Ocurre que los senadores radicales emitieron ayer un comunicado reclamando a la Cámara baja que respete las modificaciones acordadas y votadas en el Senado, en un mensaje destinado directamente a los diputados comandados por el cordobés Rodrigo de Loredo, que ya amagan con avalar la reincorporación de Aerolíneas Argentina, Correo Argentino y los medios públicos al paquete de privatizaciones.
Los senadores radicales reclamaron de hecho a la Cámara baja que “evalúe los aportes (realizados por el Senado) a conciencia y los considere para acompañarlos en su sanción definitiva”, a la vez que advirtieron que “muchos senadores le van a hacer notar al Gobierno si no cumple los acuerdos (sellados en la Cámara alta) y le va a costar para adelante”.
“Desde el bloque de senadores radicales logramos (…) modificaciones de relevancia, como las que se hicieron al capítulo de privatizaciones para resguardar organismos de importancia estratégica federal; al Rigi, con el objetivo de contener e impulsar a las PyMEs y a las economías regionales; y al apartado de Modernización Laboral que, en base a las iniciativas que hemos presentado en esta Cámara, busca la registración laboral y la expansión del mercado laboral argentino”, enumeró el comunicado radical.
Ante este escenario, De Loredo le planteó ayer a los representantes oficiales que la Casa Rosada aclare públicamente si tiene o no compromisos con los bloques opositores en el Senado antes de avanzar con el plan de trabajo de los mega proyectos, que el oficialismo pretende tratar la semana que viene en la Cámara baja. “Para nosotros repetir el número de votos habla de que mantenemos la coherencia, pero no podemos ser funcionales a desconocer los acuerdos del Senado”, fue uno de los planteos de De Loredo, que también le reclamó al Gobierno “una expresión fuerte y clara” de que quiere la restitución de Ganancias.
Desde otro de los sectores dialoguistas revelaron que en la reunión los representantes del Gobierno ratificaron en el objetivo de insistir con la redacción original del artículo sobre privatizaciones, así como también dar vuelta los cambios en el paquete fiscal y hasta insistir con la eliminación de la moratoria previsional, que había sido prenda de cambio en las negociaciones con la UCR en la Cámara alta.
Problemas reglamentarios
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez salió a advertir ayer que la intensión del Gobierno de restituir, en el tratamiento en la Cámara baja, aspectos de la Ley Bases y el paquete fiscal que fueron desestimados en el Senado violaría la Constitución.
Gil Domínguez publicó un extenso texto en la red social X donde explicó el artículo 81 de la Constitución, que se refiere al rol de la Cámara revisora. Allí, primero señaló que se trata de una “ley ómnibus que incluyó en un solo cuerpo normativo distintas materias que no están relacionadas entre sí”, algo que es una “excepción” al principio de “especificidad normativa”. Pero además, explicó por ejemplo que en el caso de Ganancias el rechazo por 41 votos en el Senado a “una ley dentro de una ley, hace más ostensible la inconstitucionalidad de la pretensión de Diputados de insistir en el tema”.
“Hay sólidos argumentos para afirmar que la Cámara de Diputados no puede insistir” con Ganancias y Bienes Personales, sentenció Domínguez, debido a que ambas normas fueron rechazadas en la votación del Senado. Su par Gustavo Arballo ratificó que el artículo 81 permite insistir sobre correcciones, pero no sobre el rechazo: “Es incompatible con darle carta blanca a la Cámara iniciadora el privilegio de soslayar una voluntad negativa expresamente formulada por la revisora”, afirmó.
Reclamos por la obra pública
El capítulo de la obra pública amenaza con abrir un nuevo conflicto entre el Gobierno, los mandatarios provinciales y los intendentes, en pleno debate de la Ley Bases y el paquete fiscal en la Cámara baja. Ocurre que el gobierno nacional empezó a reclamar el dinero pagado por proyectos que recibieron plata de la Nación pero cuyos plazos originales no se cumplieron.
En el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía publicó la Resolución 452/2024, que estipula tres caminos posibles para las provincias o municipios en cuestión: la devolución del dinero, finalizar las obras en 120 días con financiamiento nacional o hacerse cargo de ellas con fondos propios.
“Se considera necesario dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Ministerio que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”, firmó en dicha normativa el ministro de Economía, Luis Caputo.
El programa al que la resolución alude es “Argentina Hace”, una iniciativa lanzada por la gestión de Alberto Fernández el 9 de marzo de 2020 para ejecutar trabajos “de infraestructura” en 2300 municipios de todo el país. Según un relevamiento realizado por la actual administración, cuando llegaron al poder había 951 obras pendientes de este programa, cuyos saldos con municipios ascendían a $598.522 millones.