El gobernador Martín Llaryora promulgó ayer la nueva ley que crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que establece el marco jurídico para la implementación de un nuevo modelo que agilizará la lucha contra el delito y el narcotráfico.
La norma fue aprobada el miércoles pasado por la Legislatura provincial, después de ser tratada en reuniones de comisión en las que participaron expertos en la temática, además del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. Con la firma del mandatario cordobés, el texto legislativo pasará a ser posteriormente publicado en el Boletín Oficial para su plena vigencia.
Sobre el particular, el gobierno provincial explicó a través de un comunicado cuáles son los principales aspectos de la ley, que introduce novedades al sistema de seguridad provincial, entre las que se encuentran: 1) La creación de las guardias locales de prevención y convivencia, como auxiliares de la Policía; 2) El uso de armas no letales; 3) La creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, que entre sus funciones propondrá programas de capacitación de los integrantes de las distintas fuerzas; 4) La incorporación del personal de las prestadoras de servicios de seguridad; 5) La vinculación de las cámaras de seguridad privadas con el centro de monitoreo de la Policía; 6) La estimulación del plan de desarme, con incentivos para la entrega de armas en posesión de civiles; 7) La obligatoriedad de un narcotest para cargos electos y funcionarios públicos; y 8) La duplicación de las fiscalías antinarcóticos en todo el territorio provincial; y la creación de 12 nuevas fiscalías criminales.
En una sesión extensa y varias veces interrumpida por la falta de quórum, el oficialismo logró la aprobación del proyecto del Ejecutivo provincial en la Unicameral. Tras dos días de debate en comisión, con la participación de expertos en seguridad, el PJ había conseguido llegar a la previa de la sesión con los 33 votos propios, y sumar algunos apoyos del radicalismo, del PRO, y de los “aliados” de los monobloques, como Karina Bruno, ex Juntos por el Cambio; Federico Alesandri (Creo en Córdoba); y Agustín Spaccesi (La Libertad Avanza).
Sin embargo, la incorporación sobre la hora de un proyecto del Ejecutivo para aumentar los aportes de los agentes estatales tensionó el clima legislativo. Eso derivó en que no participaran de la sesión el interbloque de JxC y las bancadas de Encuentro Vecinal y de la izquierda.
Así, el PJ aprobó por mayoría una nueva ley de seguridad con menos votos de los esperados. Contó con los 33 parlamentarios de Hacemos Unidos por Córdoba y los legisladores “aliados” de la oposición Bruno, Alesandri y Spaccesi.