La discusión para que Córdoba tenga una ley de Ficha Limpia, con la intención de limitar el acceso a candidaturas a aquellas personas que tengan condena por distintos delitos, volvió ayer al debate, ya que en una reunión de la Comisión de Legislación General de la Legislatura provincial se trató el proyecto de la UCR y se sumó una propuesta del oficialismo presentada por la peronista María Victoria Busso.
La novedad fue que el oficialismo tiene una iniciativa propia, el que tomará estado parlamentario en los próximos días, y que en la víspera adelantó que hay voluntad para que sea compatibilizado con la propuesta de la radical Brenda Austin. Además, hay una iniciativa de la presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero, que también apunta a limitar el acceso de postulaciones de cargos a aquellas personas que tengan condena y que pretendan ocupar puestos en instituciones sociales.
La pelea por el tratamiento de un proyecto de Ficha Limpia había sido impulsada insistentemente en el recinto en el período legislativo anterior por el radical Marcelo Cossar, aunque no consiguió el apoyo del bloque justicialista. También hubo un intento del entonces legislador del oficialismo Juan Manuel Cid, aunque con otras incorporaciones, pero el debate no pasó más allá de las comisiones.
En el actual cuerpo legislativo, el radicalismo desde hace nueve meses volvió a la carga con dos proyectos tendientes a poner límites a las candidaturas de las personas con hechos delictivos. A esto se sumó como novedad el proyecto de la justicialista Busso para también impedir la llegada de quienes están contrarios a la ley con la incorporación, incluso, de más delitos alcanzados por esta propuesta.
El proyecto que se sumó del PJ plantea la incorporación del artículo 49 bis a la ley 9.571, del Código Electoral de la Provincia de Córdoba, en el que se establece que “no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos provinciales o municipales, ni a cargos partidarios aquellas personas que se encontraren condenadas en segunda instancia”.
Y aclara, además, que “aunque la sentencia no se encontrara firme, quedan impedidos aquellos que estén alcanzados por los delitos contra la administración pública”, como cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados y encubrimiento, informó el diario La Voz del Interior.
También establece impedimento para aquellos que hayan cometido delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, contra la integridad sexual, contra la libertad, contra la seguridad de la Nación, al estado civil de las personas, de narcotráfico y lavado de dinero, como lavado de activos de origen delictivo, narcotráfico y contra la vida y la integridad física, entre otros.
En esta propuesta de la legisladora justicialista se detalla en el artículo 2 que “la inhabilitación prevista se extenderá desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación o el cumplimiento de la pena”.
Y se fija que no podrán ser candidatos a cargos públicos “aquellas personas que hayan solicitado la realización del procedimiento de juicio abreviado siempre que haya mediado conformidad del Juez de Control y no se haya producido retractación por parte del imputado”.
Entre los fundamentos, Busso, quien presidió la reunión de Comisión de Legislación General, dijo que hay voluntad para continuar el debate con los otros proyectos en otra instancia de diálogo con la oposición. “Este proyecto de ley busca fortalecer la transparencia y la ética en la administración pública, promoviendo una selección de candidatos que refleje los más altos estándares de integridad y compromiso con el bienestar público”, explicó.
La propuesta del radicalismo
La propuesta de la radical Austin tomó estado parlamentario en junio y también incorpora al artículo 49 bis al Código Electoral de la Provincia de Córdoba. En esta iniciativa denominada Ficha Limpia se establece que “no podrán ser candidatas las personas que se encuentren condenadas a penas privativas de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso”.
En este caso, los delitos detallados son de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados. Además de delito contra la integridad sexual, entre otros.
Entre los fundamentos, Austin precisó que se trata de “una reproducción del expediente” que había sido iniciado por Cossar, junto con otros legisladores de la oposición.
“En diciembre del año pasado presenté este proyecto intentando que nuestra Legislatura se pusiera a tono con otras provincias que ya han aprobado iniciativas y fue rechazado por los legisladores del oficialismo provincial… Esta propuesta se ampara en una enorme cantidad de cláusulas constitucionales, legales y provenientes de tratados internacionales aprobados y con plena vigencia en nuestro país”, aseguró la radical en los fundamentos.
Acompañamiento
En un adelanto de lo que será un nuevo debate, algunos legisladores opositores dijeron que acompañarán la propuesta y que estaban dispuestos a que ambos proyectos sean compatibilizados, aunque hubo pedidos para que no se dilate el tema y se ponga fecha a un nuevo encuentro legislativo.
“Ya estamos acostumbrados a que, sobre la hora, nos copian los proyectos, le cambian el título, igualmente acá hay que dar señales a la ciudadanía en este tema”, dijo el presidente del bloque juecista, Walter Nostrala.
A lo que Busso insistió que se trata de una propuesta trabajada y que será debatida junto con los primeros proyectos ingresados por la UCR. Mientras que Austin pidió que no se demoren los tiempos de tratamiento, por lo que sugirió trabajar en acuerdos para que se pueda llegar a un acuerdo legislativo entre los bloques.
También la radical Ferrero planteó que los proyectos “no sean cajoneados” o ingresen en el embudo a la hora de que se deban dar los dictámenes.
Hubo, además, algunos legisladores como el oficialista Matías Chamorro; Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal Vecinal) y la radical Ariela Szpanin que aprobaron que se trabaje en la compatibilización de los proyectos.