Ocho causas resonantes de funcionarios cordobeses acusados de acoso o violencia de género han sido reavivadas tras la denuncia de la ex primera dama, Fabiola Yañez, contra el ex presidente Alberto Fernández. Estos casos lograron la atención pública, principalmente con el juicio en curso contra Diego Concha, ex director de Defensa Civil provincial, por homicidio agravado relacionado con abuso sexual. La Voz del Interior llevó a cabo un registro detallado de los agentes implicados y el avance hasta el momento de sus causas.
Diego Concha está siendo juzgado por la Cámara Tercera del Crimen en Córdoba por la acusación homicidio con motivo de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un funcionario público y en un contexto de violencia de género contra Luana Ludueña Caminos (25). Concha fue detenido en noviembre de 2021 y renunció a su cargo un día antes de su arresto. Aunque niega las acusaciones, enfrenta múltiples denuncias, incluyendo casos de lesiones y amenazas por parte de dos mujeres.
Otro caso relevante es el de Gustavo Folli Pedetta, ex jefe de Bomberos y director de Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba. En diciembre de 2023, Folli fue detenido en una investigación por asociación ilícita y, a la par, fue imputado por presunta violencia de género contra su ex pareja. Su prisión preventiva fue confirmada recientemente por el fiscal Guillermo González.
El antiguo director del Hospital de Niños, Juan Francisco Ledesma, se encuentra actualmente bajo escrutinio por abuso sexual y privación ilegítima de la libertad. Las denuncias contra él fueron presentadas por su ex pareja, lo que llevó a la entonces ministra de Salud, Gabriela Barbás, a solicitar su renuncia en septiembre de 2022. Su juicio ha sido promovido por la Fiscalía en octubre de 2023.
Francisco Martínez Flores, el juez destituido por un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, enfrenta críticas por violencia de género y abuso sexual. Tras su destitución en junio de 2023, se le permitirá ser juzgado en octubre, en medio de acusaciones de un “mal desempeño” en el cargo.
Alfonso Mosquera, antiguo legislador provincial y ministro de Seguridad, pidió licencia en noviembre de 2023 tras ser denunciado por violencia de género. La Fiscalía también lo imputó por lesiones y amenazas, aunque no se ordenó su detención mientras la justicia resolvía su situación.
Martín Gill, actual ministro de Cooperativas y Mutuales, es el único funcionario que no se ha apartado de su cargo a pesar de las acusaciones de violencia de género y lesiones. La Fiscalía de Villa María promovió la elevación a juicio de su causa en marzo de este año; sin embargo, Gill continúa en funciones, reafirmando su inocencia.
Gabriel Bermúdez, ex secretario de Transporte, renunció a su puesto tras ser acusado de acoso sexual por una agente municipal. Su caso se encuentra en investigación, con una segunda denuncia de violencia que no ha sido formalmente imputada.
Por último, Claudio Farías, ex intendente de Cruz del Eje, fue elevado a juicio por lesiones leves en un incidente de violencia de género denunciado por su ex pareja. El juez confirmará la siguiente fase del proceso, mientras el caso sigue bajo el estudio del fiscal Raúl Ramírez.