A días de la expulsión de Osvaldo Giordano de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) que él fundó, y donde su hija es la responsable de investigaciones, difundió un crítico informe que sostiene en su título: “El ajuste basado en licuación no es sostenible”. En el mismo, Idesa asegura que el superávit fiscal logrado en enero por el Gobierno nacional se respalda en el retroceso del poder adquisitivo de las jubilaciones a mínimos históricos en este siglo y reclama tomar otro rumbo.
El análisis, Idesa retoma el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que señala que la Administración Pública Nacional logró, en enero, un superávit financiero a 0,2% del PBI. “Este resultado, consistente con el planteo oficial, se logró gracias a una fuerte y generalizada reducción real del gasto público (salvo intereses). Dentro de esta reducción, la caída en el valor real del gasto en jubilaciones y pensiones es la más decisiva”, señala el trabajo de Idesa.
“Para evaluar en perspectiva esta reducción de la masa jubilatoria sirve observar la tendencia del haber mínimo –que es el que mejor refleja la movilidad de las jubilaciones– en lo que va del siglo”, agrega el informe. Y detalla: “Estos datos muestran un persistente y profundo deterioro en el poder de compra de las jubilaciones. El monto en diciembre de 2023 es inferior al promedio de todo el 2023 y se ubica cerca del menor valor que tuvo en el siglo, que fue el del 2002”.
En este marco, señala que, como las jubilaciones se ajustarán recién en marzo de 2024, suponiendo que la inflación en enero sea aproximadamente del 20%, el valor real de las jubilaciones en enero 2024 será el equivalente a $ 88.094 a precios de diciembre 2023, mientras que en febrero seguramente se ubicará por debajo del valor real que tenían en el 2002 ($ 83.078).
En ese punto, Idesa advierte que “la estrategia de equilibrar las cuentas públicas en base a la licuación de jubilaciones es muy endeble. Por un lado, porque tiene un impacto muy regresivo y genera tensiones políticas. Por otro, porque aumenta las demandas judiciales contra la Anses debido a que la Justicia previsional no tolera la licuación de jubilaciones”, señala el informe.
“La principal conclusión es que el superávit de enero es positivo, pero muy precario”, sostiene Idesa y agrega que, si bien terminar con el déficit es la prioridad, “también es esencial convencer de que es factible sostener el equilibrio fiscal en el tiempo” y que “el ajuste por licuación de jubilaciones lleva a dilapidar esfuerzos, tanto de la sociedad como del gobierno”.
En lugar de esto, el informe propone: “abordar un ordenamiento integral del Estado. Por el lado de los ingresos, avanzar en la unificación y simplificación de impuestos y tender a que cada nivel de gobierno sea responsable de generar ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Por el lado de los gastos, eliminar superposiciones entre niveles de gobierno, ordenar el sistema previsional y mejorar la gestión pública. Esto demanda ideas innovadoras y capacidad para llevarlas a la práctica. Hasta ahora, el gobierno ha demostrado tener ideas, pero carece de la pericia política y técnica para instrumentarlas”
A esto, la consultora destaca que “una combinación de factores demostró que la ley ómnibus es una iniciativa inviable”. Y agrega: “Tampoco hay avances significativos en la instrumentación del DNU ya que su aplicación está muy condicionada por la incertidumbre jurídica y fallos judiciales adversos que limitan su impacto. En los menos de dos meses que el Gobierno lleva en el poder, estos traspiés exteriorizan las dificultades que enfrenta para transformar el Estado y, particularmente, equilibrar las cuentas públicas. Sin perjuicio de ello, los funcionarios nacionales expresaron enfáticamente que se mantienen en la meta del déficit cero”.