El Ministerio de Defensa ingresó ayer a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que plantea una reforma del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir dentro del territorio nacional ante actos definidos como “terroristas” por un comité de crisis provincial.
La iniciativa, que contiene 15 artículos, ya genera ruido en amplios sectores de la oposición y promete apasionados debates una vez que tenga giros de comisión y empiece a tratarse en el Congreso. El proyecto señala que, ante la presencia de “acciones que aterroricen a la población y generen conmoción”, el Comité de Crisis de cada distrito tendrá luz verde para solicitar al Ministerio de Defensa la intervención de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la Seguridad Interior.
Esta intervención podrá incluir operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en flagrancia.
La iniciativa dispone también que “las Fuerzas Armadas sean capacitadas para las acciones aquí previstas, obteniendo así las aptitudes técnico-legales para intervenir, contar con el equipamiento correspondiente a las necesidades operativas de la misión y con las reglas de empeñamiento conforme al requerimiento efectuado para el caso”; lo que equivale a admitir que los militares no están capacitados para este tipo de acciones.
Paralelamente, hoy se reanudará el debate del proyecto impulsado por el Gobierno para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años y establecer un Régimen Penal Juvenil, en un plenario de comisiones de la Cámara baja.
A la vez, el Gobierno enfrenta un complicado panorama en el Senado, donde la oposición dialoguista se resiste a aceptar los cambios propuestos por la Casa Rosada para la ley que mejora las jubilaciones, impulsada por la oposición.
La iniciativa establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC) pero incorpora una compensación extra de un 8,1% para igualar la inflación del 20,6% de enero -cuando el Gobierno otorgó un aumento de apenas el 12,5%-.