La fiscal federal Cecilia Incardona requirió que se investigue el caso del avión venezolano que arribó la semana pasada a la Argentina con una tripulación integrada, entre otros, por cinco tripulantes iraníes y el expediente quedó bajo secreto de sumario. Además, a pedido de la fiscal, el juez federal Federico Villena requirió una batería de medidas de prueba tendientes a determinar si alguno de los pasajeros del avión de la empresa Emtrasur tiene vínculos con el terrorismo internacional.
Los movimientos en el expediente se dieron luego de que, por la mañana, Villena dictara una medida urgente para que la Dirección Nacional de Migraciones mantuviera retenidos, al menos por otras 72 horas, los pasaportes de los cinco ciudadanos iraníes que conformaban la comitiva de la nave que se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza sin posibilidad de abandonar el país por falta de combustible.
En la misma resolución, el juez aceptó como querellante a la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), que había hecho pública su preocupación por la presencia en el país del avión de “la empresa venezolana Emtrasur, y vinculado a la compañía iraní Mahan Air, sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas”.
En simultáneo, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, informó que el Gobierno lleva adelante una investigación para conocer si Gholamreza Ghasemi, uno de los iraníes que viajaban en el avión de bandera venezolana, tiene vínculos con el terrorismo. Fernández especificó que el pasajero corresponde a “un homónimo” de la Guardia Revolucionaria de Irán y de las Fuerzas Quds, organizaciones marcadas como terroristas por Estados Unidos.
“Se informó que la aeronave había sido operada por una compañía aérea relacionada con esta organización militar de Irán. Los miembros y las empresas de la fuerza Quds fueron marcadas como terroristas por el departamento del tesoro de los Estados Unidos en octubre de 2007”, explicó Fernández, aunque agregó que ninguno de los tripulantes tenía alerta roja ni prohibición para ingresar al país a partir del atentado a la Amia, en 1994.
El avión investigado es un Boeing 747 carguero de la empresa Emtrasur, con matrícula venezolana YV3531, que llegó a Ezeiza el lunes de la semana pasada, tras realizar antes una parada en Córdoba, por cuestiones climáticas. El vuelo provenía de Caracas y la tripulación estaba conformada por los cinco iraníes a los que les retuvieron el pasaporte y 14 ciudadanos venezolanos.
El miércoles pasado, el avión partió rumbo a Montevideo para cargar combustible que le habían negado dos empresas en Argentina, pero debió regresar a Buenos Aires porque Uruguay le impidió el ingreso a su espacio aéreo.
Cuando el avión, que en todo momento declaró transportar autopartes –algo que fue constatado-, regresó a Ezeiza, la Dirección Nacional de Migraciones ordenó retener la documentación de los miembros de la tripulación y otorgarles una autorización provisoria de permanencia en la Argentina.
A última hora de ayer, el ministro de Interior de Paraguay, Federico González, indicó que había alertado a las autoridades argentinas y de la región sobre el Boeing 747, que pertenece a una empresa sancionada por EE.UU.
“Se alertó a los otros servicios de inteligencia de la región y consecuencia de eso es que Argentina y otros países tomaron medidas también”, dijo González en declaraciones a la prensa paraguaya. Luego se supo que el avión ya había sido denunciado por la Casa Blanca como parte de su estructura logística para trasladar armas a, por ejemplo, Siria.