El fiscal federal Eduardo Taiano pidió iniciar una investigación por supuestas irregularidades con los planes sociales Potenciar Trabajo en un oficio donde requirió amplios informes a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
La solicitud salió a la luz a partir de un cruce de información realizado por la Afip que descubrió potenciales irregularidades en unos 250.000 planes. Esta semana, la propia ministra había anunciado que dio de baja 3.190 planes Potenciar Trabajo con irregularidades porque sus titulares usaron el dinero para comprar dólar ahorro -o bien registraron altos consumos en dólares con tarjeta-, a la vez que advirtió que “vamos a ser inflexibles” con la aplicación del plan.
Tolosa Paz aseguró que “al 99,7% de las personas que reciben el Potenciar Trabajo les corresponden recibir esos ingresos”, y enfatizó que “el Gobierno no permitirá la doble estigmatización de quienes reciben los programas sociales y de aquellas personas que los administran desde el Estado. Detectamos irregularidades en sólo un 0,3% del universo de los beneficiarios”, completó.
Sin embargo, el fiscal Guillermo Marijuan presentó ayer una denuncia para investigar aquella información de la Afip que daba cuenta de potenciales irregularidades en 250.000 planes del Potenciar Trabajo, que recayó en el juzgado federal 11 que subroga Julián Ercolini –quien la delegó en el fiscal Eduardo Taiano-. En ese juzgado el diputado Waldo Wolf había también denunciado las irregularidades: el fiscal Taiano tomó las dos denuncias y requirió una investigación formal con una serie de medidas de prueba.
Entre las sospechas está que el plan lo cobraba gente que tiene empleo formal registrado, algunos prófugos de la justicia, o bien titulares de cualquier tipo de establecimiento comercial abierto al público como propietarios, arrendatarios o usufructuarios; o bien ser titulares de cualquier tipo de explotación agrícola o ganadera, entre otros casos.
A la ministra, el fiscal Taiano le solicitó los decretos y leyes que regulan el Potenciar Trabajo, quiénes acceden al mismo, cuáles son los parámetros económicos o sociales de los beneficiarios y por qué desde esa cartera se encomendó a la Afip el cruce de información que detectó las irregularidades. Paralelamente, el fiscal Marijuán inició otra investigación preliminar para analizar la conducta de la ministra Tolosa Paz por dar de baja poco más de 3.000 planes cuando las supuestas irregularidades detectadas por la Afip fueron más de 250.000.
El Gobierno inició las auditorías
El Gobierno nacional puso en marcha este martes las nuevas auditorías virtuales de planes sociales a través de la aplicación Mi Argentina. En el primer día se anotaron 57.278 personas.
Como anticipó la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, los beneficiarios del Potenciar Trabajo que no completen la nueva fiscalización antes del 6 de enero, perderán el beneficio que representa la mitad del salario mínimo vital y móvil.
La ministra indicó que también instruyó “una auditoría interna de los procedimientos administrativos para detectar posibles inconsistencias en los procesos de alta y baja del programa Potenciar Trabajo”. La nueva auditoría convivirá por ahora con los controles en el territorio que llevaban adelante desde agosto cinco universidades nacionales