El gobierno de Mauricio Macri se encuentra a las puertas de un nuevo escándalo por prácticas de espionaje ilegal. Ocurre que la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, hará una nueva presentación judicial para que el juez Marcelo Martínez de Giorgi avance en la investigación del montaje de la estructura de espionaje plantada en la cárcel de Ezeiza, donde se detuvo a empresarios y políticos opositores durante el gobierno de Cambiemos.
Las últimas informaciones conocidas complican más aún a Macri en el escándalo, ya que ayer trascendió que los encargados de instalar las cámaras y micrófonos en las celdas de Ezeiza, de manera ilegal, no fueron agentes de la AFI –como sería natural en un proceso de inteligencia- sino policías de la Ciudad de Buenos Aires, fuerza que el ex presidente armó durante su gestión en 2016. En esa cárcel estuvieron detenidos dirigentes políticos, sindicales y empresarios vinculados a las causas contra el kirchnerismo.
La AFI recuperó 105.000 audios de sonido de la estructura de espionaje plantada en Ezeiza y pudo reconstruir su construcción. Según adelantaron fuentes vinculadas a Caamaño –que en las próximas horas hará una presentación judicial-, los técnicos que plantaron el sistema de espionaje pertenecían a la policía porteña y no figuraban como personal de la AFI, sino que estaban “en comisión” en la central de espías. Todo indica que sus sueldos se pagaron con fondos reservados, pues no hay registros de nada. Su trabajo consistió en poner cámaras y micrófonos escondidos en celdas, los lugares de reunión y hasta en los salones en que los detenidos se reunían con sus abogados y familias.
Una parte de las escuchas se hicieron con la excusa de monitorear al llamado “Rey de efedrina”, Mario Segovia, pero es evidente que el narco no mantuvo 105.000 comunicaciones: el espionaje abarcó a otros pabellones y no se destruyó la información recopilada que no se relacionaba con su caso. Además, también se usó lo de Segovia para cablear celdas y luego se hizo lo mismo con otra causa iniciada por una agresión del “Pata” Medina al empresario Fabián De Sousa. Este expediente fue el falso motivo para cablear más celdas, tarea que nuevamente quedó a cargo de los técnicos de la Policía de la Ciudad, pasados en comisión a la AFI.