La mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC) anticipó ayer que participará del debate por el juicio político a la Corte Suprema de Justicia (CSJN) pero no dará quórum para avanzar con el proceso de remoción en el Congreso, ni tampoco tratará ningún proyecto que envíe el oficialismo al Parlamento, “mientras siga este atropello”, al que consideran una “gravedad institucional e inadmisibilidad”.
La resolución fue tomada en la víspera en una reunión virtual donde participaron, entre otros, los presidentes de los partidos que integran JxC: la titular del PRO, Patricia Bullrich, y posible precandidata a la presidencia; el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por la Unión Cívica Radical (UCR), también posible candidato a ocupar el Sillón de Rivadavia; el diputado Maximiliano Ferraro, por la Coalición Cívica; y el auditor nacional Miguel Ángel Pichetto, de Peronismo Republicano. También estuvieron presentes el ex presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
En el comunicado difundido finalizado el encuentro, los dirigentes de la oposición señalaron su postura frente al pedido de juicio político a la Corte. “Una vez que el oficialismo logre conformar el quórum en la comisión para poder darle tratamiento el interbloque de JxC estará presente y enfrentará el debate. De ninguna manera vamos a dejar vacío el Parlamento. Seguiremos cumpliendo con el rol que nos asignó la sociedad”, indicaron.
Al mismo tiempo, la mesa nacional fue clara en sostener que “mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos (FdT)”.
Por otra parte, manifestaron su “enérgico rechazo al espionaje ilegal y a su auspicio de parte del Gobierno Nacional, para “utilizar estos mecanismos”, y pidieron que la Justicia actúe para investigar estos hechos. A la vez, interpelaron al canciller Santiago Cafiero por “las vergonzosas declaraciones hechas…” al comparar el intento de simpatizantes de Jair Bolsonaro que tomaron edificios públicos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Brasil con el accionar del ex presidente Mauricio Macri.
Finalmente, sostuvieron: “Queremos discutir los temas que le importan a la sociedad. Nos estamos preparando para hacernos cargo de la grave situación a partir del 10 de diciembre de 2023”.
El Gobierno sumará denuncias de la oposición al proceso
Finalmente, no ingresará el proyecto de juicio político a la Corte Suprema (CSJN) esbozado por el Gobierno con anuencia de los gobernadores, sino que se ampliará a cualquier denuncia previa que haya hecho la oposición también.
El diputado Rodolfo Tailhade explicó que la razón de esto se debe a los plazos habilitados para el juicio político. “Un proyecto de pedido de juicio político presentado por el Ejecutivo tiene un plazo para ser llevado al recinto de un año, mientras que en el caso de uno presentado por diputados tiene como plazo tres años”, indicó. “Vamos a presentar el mismo proyecto de Alberto Fernández, pero firmado por diputados”, agregó.
De esta forma, se tendrán en consideración, a la hora de iniciar la investigación, otras denuncias a magistrados previas, como la de Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti, la de Vanesa Siley contra Carlos Rosenkrantz por el 2×1, o el de la asociación de juristas contra Rosenkrantz.
Capitanich insta a los gobernadores a apoyar el juicio
El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, apuntó a los gobernadores oficialistas que actuaron como “cómplices para designar” a los jueces de la Corte Suprema (CSJN).
Así, el mandatario del norte se lamentó por la falta de acompañamiento de algunos dirigentes provinciales y dijo que “la defensa del federalismo tiene que ser a ultranza, hay que manifestarse contra la inequidad”.
Luego señaló a la ciudad de Buenos Aires como el distrito con mejores servicios públicos y el de “mayor ingreso por habitante”. “Y ahora la Corte quiere convalidar el aumento de coparticipación”, añadió el dirigente.
El gobernador chaqueño fue uno de los nueve mandatarios provinciales que firmó la iniciativa del presidente Fernández.