La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, puso ayer a disposición de la Justicia 105.000 archivos de audio de escuchas aparentemente ilegales encontrados en el organismo y obtenidas durante el Gobierno de Cambiemos entre 2016 y 2019, en presunta violación a la Ley de Inteligencia.
Las grabaciones debían destruirse tras ser entregadas a la Justicia, como establece la ley, pero los espías del organismo las almacenaron con fines desconocidos. Entre los audios están las escuchas realizadas sobre ex funcionarios K o empresarios presos en el penal de Ezeiza, según los primeros trascendidos de la prensa porteña.
Caamaño presentó un escrito al actual juez que lleva la causa por “espionaje ilegal” durante el gobierno de Cambiemos, Marcelo Martínez De Giorgi. Se trata de la causa que se inició en la Justicia Federal de Lomas de Zamora y en la que también se investiga el rol de los espías conocidos como “Súper Mario Bros”, que eran policías de la Ciudad que pasaron a la AFI.
“Puede verificarse que, en la práctica, las escuchas durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, de la mano del Director General, Gustavo Arribas y la Subdirectora General, Silvia Majdalani, volvieron a la órbita de la AFI en flagrante contradicción con lo dispuesto por la Ley N° 25.520 y su modificatoria, Ley N° 27.126”, denunció Caamaño en el escrito, donde explicó que Arribas instaló un sistema mediante el cual el organismo accedía de manera online a las escuchas realizadas por la Dadjudeco, la oficina encargada del espionaje, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.
“Se trata de un dispositivo que se llama Sidea (Sistema de Administración), que creó la AFI macrista”, explicó Caamaño, quien consideró que la orden “tiene que haber sido dada” por el ex presidente Mauricio Macri (que en diciembre de 2015, mediante un decreto, traspasó las escuchas de la Procuración General a la Dajudeco).
“El objetivo era escuchar online” como parte del “espionaje ilegal”, aseguró la funcionaria ante la prensa, donde concluyó que “la AFI macrista, además de no haber destruido estos 105.000 archivos que se supone que tienen un requerimiento judicial, convirtió a Arribas con esa resolución más o menos en un juez, ya que él le pedía (los espionajes) a la Justicia y la Justicia daba la autorización”.
Denunciaron a Michetti y Alonso
La ex vicepresidenta Gabriela Michetti y la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA) durante la gestión de Cambiemos, Laura Alonso, fueron denunciadas ayer por supuesto “tráfico de influencias” en los tribunales federales de Retiro a raíz de los mensajes en los que la primera le reclamó a la segunda por la situación de un amigo denunciado por ese organismo.
La denuncia quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas. En la presentación, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten alude a un posible delito cometido en el marco del artículo 256 BIS del Código Penal, segundo párrafo, que dispone pena para quien “por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva (…), para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones”.
En los audios filtrados, Michetti, por entonces vicepresidenta, “solicita” a Alonso, al frente de la OA, “que cese las investigaciones llevadas a cabo contra un amigo suyo”, explicó Sánchez Kalbermatten.