Con el legislador Oscar González suspendido en su cargo hasta tanto haya sentencia firme de la justicia —no volverá a ocupar su banca—, un alto costo que tuvo que pagar el peronismo en el poder, la Legislatura provincial sigue envuelta en las derivaciones del siniestro vial que desataron la polémica por supuestos privilegios.
Mientras la justicia investiga las responsabilidades del parlamentario oficialista y de la otra parte interviniente en el choque fatal en las Altas Cumbres, el gobierno y la Unicameral buscan destrabar dos efectos medulares que impactaron de lleno en la política: el uso de autos judicializados y las licencias de conducir otorgadas por municipios que no adhieren a la ley provincial.
Por estos días, el debate en comisión de la Legislatura pasa por la reforma a la ley 8.550 por la cual el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) otorga ‘en guarda’ autos secuestrados en causas penales a instituciones públicas o privadas sin fines de lucro. Hay consenso en general en avanzar con la modificación de la norma. Mañana se emitirá despacho. Se espera su aprobación en la sesión del miércoles, reveló ayer en un informe el diario Perfil Córdoba.
Con un ‘auto judicializado’ —un BMW modelo X1 con un dominio apócrifo— González protagonizó el trágico accidente. El transerrano tenía asignado otros tres vehículos de alta gama. A su vez, la Legislatura era depositaria de otros cinco autos en poder de dos oficialistas y tres opositores que fueron devueltos tras desatarse el escándalo.
Fuentes oficiales de la Unicameral confirmaron que todos los autos judicializados asignados al Poder Legislativo fueron restituidos al TSJ. Desde un principio, la Unicameral informó que eran nueve, aunque el máximo tribunal dio cuenta de 10 vehículos (siete autos y tres camionetas). Así consta en la respuesta oficial al pedido de informes de las legisladoras Cecilia Irazuzta y María Rosa Marcone, que también indica que de 3.424 vehículos a disposición del TSJ, 2.495 fueron entregados ‘en guarda’.
La titular de la comisión de Legislación General, Julieta Rinaldi, dijo que la reforma a la ley vigente busca introducir “cambios sustanciales” en la gestión de los autos judicializados. La oficialista puso el foco en “determinar con precisión quiénes serán los autorizados para el uso de estos vehículos, y dotar de una mayor transparencia a la entrega en depósito para facilitar que sea de público conocimiento dicha circunstancia”.
En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la semana pasada se evidenció un consenso general para avanzar en un despacho de mayoría que compatibilizará el proyecto del Ejecutivo junto a otras tres iniciativas impulsadas por los bloques Juntos UCR, Coalición Cívica (CC) y Juntos por el Cambio. El dictamen será tratado el miércoles en el recinto, es la meta trazada.
En ese marco, la ministra de Justicia, Laura Echenique, aportó detalles de las modificaciones a la norma, y resaltó que el propósito es regular y vedar esta asignación de vehículos a los poderes Ejecutivo y Legislativo, a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley. Con lo cual, el TSJ asignará los autos judicializados para uso exclusivo del Poder Judicial, de las fuerzas armadas y de seguridad, y a fundaciones o asociaciones civiles de bien público. A su vez, municipios y comunas podrán disponer de vehículos para la prestación de servicios públicos, conforme las nuevas condiciones.
Desde las bancadas opositoras hicieron sus aportes que fueron receptados por la titular de la cartera de Justicia, en busca de despachar un proyecto de ley conjunto que también fue trabajado con el TSJ. Al respecto, este medio trasladó la consulta al máximo tribunal, pero se dijo que “no iban a omitir opinión durante el tratamiento legislativo de la reforma”.
En tanto, la legisladora Irazuzta (CC) propuso fijar “una sanción” ante el incumplimiento de las pautas establecidas por la ley por parte de “la institución y/o a quien fuera designado, con la devolución del vehículo cedido e impedir una nueva asignación”.
Claves de la reforma
Se implementará un sistema de identificación, uniforme y público de los vehículos entregados “en depósito” y otro que se hará en el mismo automotor, a través de un ploteo adhesivo y seguro, que manifieste el carácter en que fueron entregados.
La prioridad en la asignación está centrada en el servicio de justicia, las fuerzas de seguridad y los municipios y comunas para la prestación de servicios públicos. También las fundaciones o asociaciones de bien público con personería jurídica podrán seguir siendo “depositarias” de estos vehículos secuestrados en causas penales.
En todos los casos, se establece la obligación de pago de tributos y multas que afectasen a los vehículos. También el cumplir con los requisitos que hacen a la seguridad en la circulación y la individualización de quién los utiliza, tales como la contratación de un seguro de responsabilidad civil, la comunicación de la afectación de uso y de la nómina de personas autorizadas a conducir el vehículo ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, así como la realización de las inspecciones técnicas de rigor, entre otras.
Se añade una disposición de carácter transitoria, a efectos de que las instituciones beneficiadas con la asignación de vehículos, opten por la conservación, siempre y cuando, se ajusten “a las nuevas condiciones” exigidas, de lo contrario deberán devolver el o los vehículos de plena conformidad a las prescripciones que se determinen vía reglamentaria.
También licencias
En el plenario de comisiones convocado para mañana, además de emitir despacho a la reforma de la ley 8.550 —para que el pleno lo apruebe al día siguiente— se buscará avanzar en el debate del otro proyecto girado por el Ejecutivo. El que persigue el objetivo de armonizar los requisitos y condiciones de validez para la emisión de licencias de conducir en la Provincia.
El punto neurálgico de la iniciativa fija que las licencias de conducir que otorguen municipios y comunas que no hayan adherido a la norma provincial, “no podrán habilitar a conducir por fuera del ámbito de competencia local”.
Esto viene a cuenta de que el legislador González conducía al momento del siniestro vial con un carnet otorgado por Las Tapias, pese a que para el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat) no cumplía con los requerimientos para obtener una licencia de conducir ante una serie de infracciones en su haber.