La composición de un nuevo Consejo de la Magistratura está siendo por estos días el escenario en donde oficialismo y oposición miden sus fuerzas y agigantan sus diferencias. A ello se suma la disputa política abierta entre el Gobierno y la Corte Suprema, luego de que su titular, Horacio Rosatti, asumiera al frente del organismo que designa y remueve los jueces.
Desde el lunes pasado, a partir de un fallo del Alto Tribunal, la Magistratura se encuentra en proceso de pasar de 13 integrantes a 20. Esto implicó que el Congreso debía designar dos nuevo representantes, que Juntos por el Cambio creía propios. Sin embargo, una jugada del Frente de Todos pergeñada en el Senado al filo del martes hizo que el oficialismo le arrebatara una silla del nuevo Consejo a la oposición.
Desde entonces, la bancada de senadores nacionales del FdT se transformó en un interbloque con dos espacios, uno integrado por 21 senadores y otro con 14 miembros. De esta manera, el oficialismo le quitó al PRO del Senado la condición de segunda minoría dejando a Luis Juez sin el asiento al que aspiraba en la Magistratura. Si bien el interbloque del oficialismo continuará llamándose Frente de Todos, estará conformado por dos espacios: el Frente Nacional y Popular y Unidad Ciudadana. Una maniobra que fue respaldada por el presidente Alberto Fernández, según indicó ayer el jefe de Gabinete, Juan Manzur. “La decisión que tomó nuestro bloque está dentro de los parámetros legales en los cuales está permitido este tipo de accionar”, defendió el funcionario.
Tras ello, y con diferencias, la vicepresidenta como titular del Senado y Sergio Massa por la Cámara de Diputados formalizaron el nombramiento de los legisladores nacionales que deben ocupar un lugar en la nueva composición del órgano. Cristina Kirchner designó al camporista Martín Doñate, en contraposición a Juez, que había sido propuesto por Juntos por el Cambio. En cambio, por la Cámara baja, Massa finalmente aceptó el nombramiento de la diputada radical Roxana Reyes, según las resoluciones parlamentarias firmadas por la propia Cristina y el titular de Diputados.
En tanto, anoche el presidente de la Corte y ahora también de la Magistratura tomó juramento a los restantes consejeros designados por los estamentos de los jueces, abogados y la academia. La jueza Agustina Díaz Cordero, crítica del Gobierno; las abogadas Jimena de la Torre, que cuenta con el apoyo de Cambiemos, y María Fernanda Vázquez, decana de la facultad de Derecho de la Universidad de Lomas de Zamora, acompañada por el oficialismo; y la profesora Pamela Tolosa, de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, impulsada por el radicalismo. La jura de las letradas mujeres se hizo para respetar la paridad de género.
Los nuevos representantes del Congreso no juraron por no estar incluidos en la acordada firmada ayer por la tarde por la Corte. Los bloques de la oposición ya anticiparon que impugnarán la designación de Doñate, por entender que corresponde a un senador de la oposición, en tanto el presidente del bloque oficialista de Diputados, Germán Martínez, dijo que analiza una eventual impugnación de Reyes, bajo el mismo argumento.
JxC anticipó que recurrirá a la Justicia
Como contraestrategia, Juntos por el Cambio anticipó ayer que presentará un amparo y le exigirá intervención a la Corte Suprema. “Queremos ratificar que los representantes de las minorías que deben ser designados en el Consejo de la Magistratura son los vigentes al momento del fallo de la Corte Suprema de Justicia”, afirmó un comunicado de la coalición opositora.
“Partir el bloque representa una maniobra engañosa para construir fraudulentamente una Primera Minoría con el objeto de desnaturalizar la designación de un consejero, que por derecho corresponde a la oposición”, se quejó JxC en un texto difundido. Sin embargo, un antecedente judicial podría jugar en contra de la decisión de la ex Cambiemos.
En 2017, un juez federal dijo que la justicia no puede involucrarse en las designaciones que hace el Congreso y que eso se trata del “juego de las mayorías y minorías propio del sistema republicano y democrático garantizado por la Constitución Nacional”. El antecedente se remonta a la pelea que en 2015 tuvieron el oficialismo (entonces Cambiemos) y la oposición (el Frente para la Victoria) por un lugar en el Consejo.