El acuerdo en solitario del Gobierno nacional con la Universidad de Buenos Aires (UBA) para garantizar el funcionamiento de la casa de estudios cayó mal en el resto de las 60 universidades públicas del país, que la semana que viene volverán a tomar medidas de fuerza en contra del congelamiento presupuestario que sufren desde el arribo de Javier Milei a la Casa Rosada.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó ayer a dos días de protestas para la próxima semana, con un paro nacional docente y no docente para el jueves 24, a casi un mes de la masiva marcha universitaria federal en defensa de la educación pública y el sistema universitario, una de las más grandes de la historia. Un día antes, el miércoles 22, realizará una “Jornada de visibilización de las demandas” que incluirá una marcha de antorchas, aunque en Córdoba dicha jornada se trasladará al viernes 24 de mayo.
El “Gobierno Nacional no ha resuelto ninguno de los temas del conflicto: salarios, presupuesto y becas estudiantiles”, aseveró el frente que reúne a los sindicatos docentes de todo el país, entre ellos el gremio de los profesores de la Universidad Nacional de Córdoba (ADIUC). La fecha es emblemática porque el 23 de mayo se cumple un mes de la movilización. Hasta el momento el Gobierno únicamente otorgó el refuerzo que había solicitado la UBA para los gastos de funcionamiento de la casa de estudios y los seis hospitales de la institución, que por cierto son menos del 10% de los gastos del presupuesto universitario. No hubo novedades para los demás reclamos: aumento salarial para docentes y no docentes, continuidad de los programas estudiantiles y las becas, financiamiento del sistema científico y reactivación de las obras de infraestructura universitaria.
Para el resto de las universidades nacionales no hubo ni siquiera este aumento, al punto que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) salió a exigir “inmediatamente una resolución que garantice un incremento igual al otorgado a la UBA para todas las universidades públicas”, a la vez que rechazó “cualquier metodología que promueva la división entre universidades y dentro de las universidades”.
“La propuesta del Gobierno para resolver la situación de la UBA muestra que la contundencia de la marcha del 23 cambió la negociación. Ahora falta el presupuesto de todas las universidades del país, el salario de docentes y nodocentes y las becas. No podemos esperar más”, agregó ayer el Frente Sindical, que precisó que “la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, con la inflación acumulada del 8,8 % en abril, se ha agudizado y la Secretaría de Educación no convocó a paritaria para resolver el incremento porcentual para mayo, no presentó una propuesta de recuperación de la pérdida salarial acumulada desde diciembre, no incrementó la garantía salarial para los cargos de menores ingresos y no pagó el Fonid”.
Adorni justificó el acuerdo con la UBA
El vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a justificar ayer el aumento unilateral del presupuesto de funcionamiento de la Universidad de Buenos Aires (UBA), a la vez que negó que haya una “preferencia” con respecto al resto de las universidades del interior del país.
“No hay ningún tipo de target o de discriminación entre unas universidades u otras. Por supuesto, diseñamos un acuerdo específico con cada una porque tienen particularidades que se deben atenderse de manera individual”, aseveró Adorni, quien aseguró que “conversamos con cada una de las universidades del país para ajustar los presupuestos y las necesidades a lo que a cada uno le pasa”, sin tener en cuenta que las autoridades de las casas de estudio habían salido a reclamar horas antes respuestas a sus reclamos.
A su vez, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, reconoció que el acuerdo con el Gobierno “es provocador” para el resto de las universidades y aclaró que la institución porteña “no se comprometió a dejar de reclamar”. “Es provocador aumentarle sólo a la UBA”, dijo Yacobitti, quien remarcó que “no voy a dejar de reclamar por el salario docente, nadie quiere aulas vacías porque los docentes no pueden vivir con eso”.