El gobernador Martín Llaryora inició una serie de gestiones con sus pares de otras jurisdicciones del país y con diputados nacionales «dialoguistas» de la oposición con el objetivo de armar una estrategia conjunta para conseguir la coparticipación del Impuesto País en lo que será la votación en particular de la Ley ómnibus.
Según trascendió, la intención del mandatario cordobés y de los integrantes de la Cámara baja en el interbloque de Hacemos Coalición Federal es restablecer el artículo 180 del texto original de la Ley de Bases, que ratificaba hasta fin de año la vigencia del Impuesto País. Allí, se incluiría que la posibilidad de que Nación mantenga el 70% de la «torta», pero se coparticipe 21% a las provincias, y el otro 9% vaya al fideicomiso de los barrios populares.
En el Ministerio de Economía de Córdoba manejan un cálculo preliminar que sostiene que al coparticipar el 21% a las provincias se compensa la caída de la recaudación que generó la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias.
Entre los diputados que responden a Llaryora sostienen que el cambio beneficiaría a todos los gobernadores peronistas, incluido Axel Kicillof, por lo que esperan los votos de Unión por la Patria, sin los cuales difícilmente podrían imponerlo. De acuerdo con las previsiones para este año, el Impuesto Pais recaudará 8 billones de pesos, por lo que un esquema de coparticipación como el que impulsa Llaryora le dejaría a las provincias unos 1,6 billones de pesos.
La redacción del artículo está atada a la suerte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, conformado por bonos del Tesoro y acciones de empresas privadas. La UCR y HCF consideran que las acciones de privados deben seguir en el organismo que conduce Osvaldo Giordano, y bloquear que el ministro de Economía, “Toto” Caputo, las remate.
Además, Llaryora pide que en la redacción de ese artículo se incluya una garantía de flujo de fondos de la Anses hacia la Caja de Jubilaciones de Córdoba, texto que también beneficiaría a Maximiliano Pullaro, el mandamás santafesino.
Consultado al respecto, el diputado cordobés por el PRO en la bancada de HCF, Oscar Agost Carreño, consideró que “la aprobación en general de la ley (ómnibus) es el triunfo del diálogo político, refleja el compromiso del Congreso para lograr cambios reales y duraderos. Si el Gobierno continúa priorizando diálogo, seguramente tendrá las herramientas que necesita para sacarnos de la crisis”.
De Loredo calificó de «razonable» ir por otro pacto fiscal
El titular del bloque de la UCR en Diputados, el cordobés Rodrigo de Loredo, calificó de “razonable y natural que los gobernadores busquen alternativas para que el gobierno nacional lleve adelante un acuerdo fiscal que evite que el mayor ahorro que el sector público tiene que hacer, recaiga sobre los gobiernos subnacionales, toda vez que este Gobierno se hace de recursos que no coparticipa”.
En cuanto a otro de los puntos en conflicto como es el de privatizaciones, De Loredo reconoció las dificultades internas para resolver qué hará en el recinto su bancada: “El radicalismo tiene todavía una discusión abierta, pero rechazando con claridad la idea de privatizar YPF o el Banco Nación, y rechazando una dinámica generalizada. Tenemos que seguir debatiendo qué conjunto de empresas creemos que no cumplen un rol estratégico y que además generan déficits crónicos”.