En cumplimiento de la ordenanza que obliga a los funcionarios municipales en ejercicio a realizarse un “narcotest” en un plazo de dos meses, el intendente Martín Llaryora y su Vice, Daniel Passerini, asistieron ayer a la Dirección de Especialidades Médicas (DEM) del centro para someterse al análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina. La ordenanza fue sancionada en el Concejo Deliberante el pasado 18 de mayo y reglamentada el 21 de julio.
El test, que puede concretarse en establecimientos públicos y privados es obligatorio para “las personas que desempeñen funciones por elección popular, Intendente, Viceintendente, concejales y tribunos, los secretarios y subsecretarios, los directores y subdirectores, asesores, o las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalentes a las de los cargos mencionados”. Al respecto, la ordenanza indica que los funcionarios deben presentar “certificado negativo expedido por institución médica que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas ilegales; guardando debida reserva todo aquel que tenga acceso al contenido del mismo”.
El estudio deberá realizarse y presentarse de manera anual, antes del 31 de marzo de cada año, en el área de capital humano correspondiente a cada jurisdicción, ya sea en el Concejo Deliberante, Tribunal de Cuentas Municipal, Entes y empresas municipales, sin perjuicio de la instrumentación de controles aleatorios. “En caso de incumplimiento del artículo 5 bis, se aplica el procedimiento vigente de la repartición donde reviste el supuesto infractor”, y en la reglamentación se añade que se “comunicará dicha circunstancia a Asesoría Letrada en su carácter de Autoridad de Aplicación del Código de Ética”.
Simultáneamente, desde el municipio indicaron que, en caso de detectarse un caso positivo, será el Palacio 6 de Julio el que se encargará de atender la situación. “Se dará la intervención correspondiente a la Secretaría de Prevención y Atención en Salud Comunitaria, para que, a través de la Dirección de Políticas Sociales en Adicciones, o la que en el futuro la reemplace, realice el abordaje integral y tome las medidas de contención y asistencia de la persona afectada”, explicaron en un comunicado.