El Sindicato de Empleados Públicos (SEP), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) coincidieron ayer en declarar un “estado de asamblea permanente”, en rechazo a la decisión del gobierno provincial de dar de baja una serie de contratos que vencieron el 31 de diciembre pasado. Si bien no trascendió el número total de agentes estatales afectados a dicha disposición, los gremios advirtieron que el mayor impacto se dio en el sector de los hospitales.
Sobre el particular, la Secretaría General de la Gobernación recordó que ese tipo de vínculo laboral “tiene vigencia por un tiempo determinado y posee fecha de caducidad, por el cual su término opera de pleno derecho y no debe sorprender a quienes se encontraron vinculados por este instrumento”.
Asimismo, informó a través de un comunicado que “los responsables de cada jurisdicción evaluarán en su nueva estructura orgánica la necesidad del área y aquellos servicios que se consideren indispensables serán objeto de análisis”.
En tal sentido, Estela Giménez, integrante de la comisión directiva de UTS, alertó que “no han tenido piedad. Han dado de baja a compañeros contratados altamente calificados, sin previo aviso”.
Asimismo, detalló que entre el martes y la víspera se han computado más de 30 bajas en los contratos. Entre ellos se encuentran médicos especialistas (cardiólogos, psiquiatras, entre otros). Además, enfermeros, administrativos y quinesiólogos.
Agregó que algunos se encontraban de licencia por enfermedad (como un agente que tenía cáncer) y otros por maternidad. “Todos fueron notificados a través del portal Cidi”, agregó Giménez, al tiempo que informó que la mayoría de las bajas corresponden a mujeres.
Por su parte, Roberto Ramos, delegado del hospital Misericordia, reveló que en ese nosocomio se dieron de baja cinco contratos de enfermería y que podría haber más. Reclamó que no fueron notificados con 30 días de anticipación, como establece la ley.
Ramos anticipó que se está preparando un paro en salud, con referentes de distintos hospitales de Córdoba. La lista recolectada por UTS registró bajas en los hospitales Córdoba, de Niños, Rawson, San Roque Viejo, Florencio Díaz, Cruz del Eje, Río Cuarto, Mina Clavero y Misericordia, entre otros. “Nos siguen llegando notificaciones. Esos agentes trabajaron en pandemia”, recordó.
Tanto en el Misericordia como en el hospital de Niños se declaró un estado de asamblea permanente. Ya está confirmado el paro para el 24 de enero, pero podría anticiparse la medida, finalizaron.
ATE denunció “despidos masivos”
Posteriormente, desde ATE repudiaron los “despidos masivos que Martín Llaryora lleva adelante en dos lugares neurálgicos para garantizarle derechos a las y los cordobeses: Senaf y Salud”. “Durante el año nuevo y el primer día hábil de este 2024, han sido notificados por diferentes vías 58 trabajadores de Senaf y más de una veintena en salud en los diferentes hospitales del territorio provincial”, precisó el mencionado gremio.
El SEP no descarta acudir a la Justicia
El Sindicato de Empleados Públicos de Córdoba (SEP) anunció que “hay mucha preocupación por la continuidad laboral” como consecuencia de la pérdida de puestos de trabajo en áreas sensibles como Salud. “Estamos muy preocupados porque lo más acuciante de esta situación se está dando en la parte hospitalaria en donde más se está haciendo sentir la baja de contratos, pese a lo que veníamos reclamando y alertando desde el gremio”, indicó Sergio Castro, titular del SEP.
“A pesar de que el gobernador Martín Llaryora dijo en su campaña electoral que su prioridad iba a ser la salud, la educación y la seguridad, estamos viendo cómo se están bajando contratos en las áreas hospitalarias, donde son fundamentales por la falta de recursos humanos”, afirmó el gremialista en declaraciones a Radio Universidad.
En esa línea, aseguró que según un relevamiento propio, “ya tenemos unas 100 personas a las que no les renovaron los contratos en capital e interior, entre los que hay delegados gremiales a los que se les bajó la contratación”. Castro adelantó que el número de bajas puede aumentar porque todavía se están registrando casos, ya que “todos los días tenemos gente que está de licencia o de vacaciones y que se va enterando que los dan de baja”. “Nosotros estamos registrando todos los casos para armar planillas con todos los afectados para realizar el reclamo formal”, rescató Castro.
“En el área de minoridad y en el Polo de la Mujer también han bajado contratos. Nosotros venimos planteando la necesidad de cuidar la fuente laboral. Hay gente que tiene más de 10 años trabajando con el Gobierno y creemos que debe haber contemplaciones de estas situaciones, más aún con la situación por la que están atravesando los trabajadores”, consideró el dirigente sindical.
Sobre el tema, no descartó que se pueda acudir a la Justicia si no se revierten las bajas de contratos y planteó también la situación de monotributistas y becarios que están en situaciones aún más precarias.
Al ser consultado por la relación con el nuevo gobierno provincial, Castro indicó que “se va complicando día a día porque se van sumando conflictos con el tema del aumento de los aportes y las bajas de contratos. Creemos que hay que hacer una revisión de las prestaciones de la obra social Apross para que no se paguen coseguros o medicamentos, entre otras cosas”, resumió.