Tras la controversia desatada por un segundo aumento en las dietas de los senadores, que alcanzarían los $8.000.000, los propios legisladores solicitaron retrotraer este incremento y cobrar en junio el mismo monto que en el mes anterior.
La solicitud, enviada a la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, incluyó la petición de no modificar sus sueldos hasta que se defina un nuevo sistema de liquidación en base a proyectos pendientes.
El inicial aumento del 9% en las dietas generó críticas y debate en el senado, donde se aprobó la medida de forma poco clara y rápida. Este incremento, que implicaba un salario neto mensual de $5.000.000, quedó finalmente anulado. Los sueldos de los legisladores estaban atados a las paritarias de los empleados del Congreso, que recibieron un magro aumento del 9% en mayo, y pretendían vincular también el salario de los senadores.
Tras la votación en el Senado que habilitó el aumento de las dietas, los senadores presentaron un pedido de retroceso en la mesa de entradas de la Cámara Alta.
Firmado por diversos bloques parlamentarios, la solicitud buscaba mantener los sueldos iguales al mes anterior y no considerar los incrementos otorgados al personal del Senado. Este proceso generó críticas y resistencia, con legisladores como el senador libertario Francisco Paoltroni oponiéndose a los aumentos salariales automáticos.
El proyecto de resolución estableció que los senadores percibirían un total de 13 dietas anuales, incluyendo módulos adicionales por gastos de representación y desarraigo. Si bien algunos sectores políticos prometieron abordar la cuestión luego de la ley Bases, hasta el momento no se ha tomado ninguna medida con respecto a los aumentos en las dietas. Esta situación contrasta con las quejas de diputados que perciben salarios considerablemente menores a los senadores y enfrentan gastos similares.