En los primeros cuatro meses del año, la administración de Javier Milei transfirió a Córdoba $ 1.600 millones en concepto de distintos programas provinciales que, por una amplia variedad de leyes y acuerdos, se financian con fondos nacionales.
Ese monto, que surge del Portal de Transparencia y de información proporcionada por el propio gobierno provincial, es apenas el 2,2% del total esperado para un total de 22 programas, planes, fondos y convenios de muy variado tenor: desde asistencia al transporte, hasta el sostenimiento de servicios y proyectos en salud, desarrollo social, educación y ambientales, entre otros.
En números generales, por un lado, las transferencias están muy por debajo del ideal de un cuarto del total presupuestado para el año completo. Por otro lado, hay una amplia disparidad entre lo que se recibió por los distintos programas. Algunos, por ejemplo, no recibieron nada; otros, en lo que va del año, imputaron menos del 1%; y sólo en unos pocos, en especial en Salud, el flujo fue el normal.
Lo peor es que en el escenario planteado del “no hay plata” por parte de la Casa Rosada, todo indica que no habrá perspectivas de que esos envíos se reactiven en un futuro de corto ni mediano plazo, reveló en un informe el diario La Voz del Interior.
Esos fondos nacionales tienen como destino políticas ambientales, de asistencia alimentaria para grupos de riesgo (como celíacos y VIH positivo), de compra de medicamentos para sectores vulnerables, de subsidio al transporte público y del pago del Incentivo Docente que tanta polémica generó y que entorpeció la paritaria con los maestros. En cada caso, hay por detrás una ley o un acuerdo fiscal entre las partes que obligan al Estado nacional a girar los recursos.
En el cálculo está incluido el aporte más importante en volumen: la cobertura del déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, cuyo incumplimiento es un problema mayúsculo para la Provincia, toda vez que supone un “agujero” de más de $ 10.000 millones mensuales.
Según el presupuesto provincial de 2024, el déficit operativo de la Caja de Jubilaciones de Córdoba llegará en 2024 a $ 250.961 millones, una parte es cubierta por fondos provinciales, otra está siendo parchada con los diferimientos y otra debe ser fondeada por la Nación.
Además, hay otros $ 240.000 millones (actualizados hasta noviembre del año pasado) acumulados en incumplimientos hacia atrás, todo judicializado en dos procesos diferentes.
No es un tema menor, la Caja local tiene un déficit que es equivalente a casi el 40% de su gasto. Con los aportes extra de algunos grupos, como las alícuotas suplementarias de Epec y de Bancor, más sobretasas de Ingresos Brutos a bancos y el aporte solidario de 15 mil beneficiarios, baja al 12%, que es lo que debiera cubrirse con los envíos de la administración nacional que no llegan.
Pocas expectativas
El ahogo financiero se genera en un escenario político muy complicado, con la Cámara de Senadores a punto de votar la renovada versión de la Ley Bases y el paquete fiscal que ya cuentan con la aprobación de Diputados.
También ocurre a días del “Pacto de Mayo” que tiene, precisamente, a Córdoba como sede y al que el gobernador Martín Llaryora ya dijo que asistirá. “El tema es que Milei es muy impredecible, podemos votar todo, acordar muchas cosas, pero después nada asegura que nos vayan a cumplir”, advierte un funcionario provincial muy cercano a las planillas de Excel del Panal.
Tras una reunión en Buenos Aires de todos los gobernadores con representantes de Casa Rosada con el ministro Guillermo Francos a la cabeza, Llaryora dijo que “la Nación puede recortar fondos discrecionales, pero no puede cortar envíos establecidos por ley, como los previsionales”, en referencia al paquete de transferencias que en algunos casos llega en cuentagotas y, en otros, ya no drenan, como los que deben financiar la Caja, el Fonid y los subsidios al transporte.
El Gobernador dijo entender la necesidad de la Nación de auditar las cajas provinciales, pero recalcó que la Caja de Córdoba tiene sus cuentas ordenadas y auditadas, por lo que no hay explicación para el cierre del grifo.
Dependencia
Si bien es un problema, y sacando a la Caja de Jubilaciones del cálculo, el recorte de los envíos en concepto de programas provinciales financiados con recursos nacionales puede ser cubierto gracias a malabares financieros en el Panal. “Obliga a recortar sobre lo ya recortado, genera también un alto costo político porque la gente no siempre distingue quién es responsable de la falta de fondos, pero se puede organizar, al menos de forma temporal. El mayor problema es la caída de la coparticipación, y ahí no podemos hacer nada”, analizó el mismo informante.
En este sentido, los números son crueles. En el primer cuatrimestre, la actual administración del Panal dispuso de un total de $ 795,8 mil millones enviados por la Nación en concepto de recursos coparticipables de forma automática, es decir que no se pueden incumplir por más voluntad que haya. Ese monto es un 19,5% menos –en términos reales– de lo que había recibido Juan Schiaretti en el mismo cuatrimestre de 2023.
Esos ingresos que drenan de forma diaria y automática desde la administración central nacional son clave para las arcas cordobesas porque suponen seis de cada 10 pesos que entran a la Provincia. Esos fondos están compuestos básicamente por la coparticipación de IVA y de Ganancias, dos de los impuestos más golpeados en los últimos meses.
La recaudación del IVA se derrumbó desde que Milei comenzó a ejecutar su plan de enfriamiento de la actividad con miras a bajar la inflación.
Ganancias, por su parte, cayó drásticamente por los cambios que aprobó el Congreso a instancias del exministro de Economía, Sergio Massa, tras la derrota del oficialismo en las Paso de 2023. De hecho, las modificaciones de los topes de la cuarta categoría del tributo fueron una de las principales exigencias de los gobernadores (Llaryora incluido) para que sus diputados votaran la “ley bases” renovada.
Sólo en abril, los ingresos por la coparticipación de Ganancias hacia Córdoba cayeron 36% (real) en comparación con el mismo mes de 2023.
Bienes Personales también se coparticipa, pero representa muy poco en el concierto de ingresos. Igualmente, el Gobierno provincial tiene la expectativa que haya un repunte de la mano de los cambios incluidos en el paquete fiscal, entre los que está la posibilidad de amplios descuentos si se anticipan varios años.
También las transferencias automáticas por los impuestos que gravan a los combustibles mejoraron en términos reales de la mano del aumento de la nafta y el gasoil, pero la caída de la actividad golpeó el consumo y afectó una parte de esa mejora.
Diferencias
Los envíos de fondos nacionales para financiar programas provinciales están absolutamente deprimidos en 2024. Es que si bien se produjo una leve mejora en abril, están lejos de cubrir las necesidades económicas para poder llevarlos adelante.
Según el detalle elaborado por el Ministerio de Finanzas y Gestión Pública, en enero, de los $ 18.801 millones esperados, llegaron $ 239,6 millones, un 1,3%. En febrero, drenaron $ 431 millones (2,3%); y, en marzo, $ 247,6 millones (1,3%). En abril, en tanto, las transferencias totalizaron $ 727,3 millones, un 3,9% de lo esperado.
Los cálculos consideran pautas que el Gobierno nacional estimó oportunamente, considerando una inflación interanual del 69,5%, mucho menor que las predicciones actuales que rondan el 150%, explicaron desde la Provincia.
Según el presupuesto provincial original, se esperaban transferencias del Gobierno nacional por $ 225.000 millones. Esto significaría alrededor de $ 18.000 millones mensuales.
Esto incluye compromisos existentes o previsibles, como necesidades a ser satisfechas en los ámbitos de la salud, la educación, el transporte y el apoyo a sectores vulnerables, como los jubilados, agrega el informe oficial.
El cálculo se basa en recursos esperados conforme a antecedentes y previsiones fundadas, agrega.
Sólo los programas vinculados al Ministerio de Salud (Incluir Salud, Programa Sumar, entre otros) recibieron un volumen de fondos en línea con lo esperado. El resto, poco y nada. En Desarrollo Social, por caso, el Programa de Fortalecimiento Habitacional espera $ 3.716 millones, pero no hubo transferencias.