El Gobierno cumplió 100 días de gestión con la amenaza de profundizar la “motosierra” que sirvió como trampolín electoral de Javier Milei para llegar al sillón de Rivadavia, donde las fuentes oficiales ya anticipan que se viene una nueva ola de despidos luego del fin de semana largo de Semana Santa, que podría alcanzar hasta 70.000 trabajadores de todo el país.
Ocurre que en las últimas horas trascendió un mensaje enviado vía Whatsapp por el Ejecutivo a las autoridades de las distintas dependencias estatales, con un instructivo para el despido de empleados previsto para la próxima semana y la siguiente. La estrategia legal promueve desconocer cualquier tipo de relación de dependencia, como ocurre en los casos de monotributistas contratados vía “artículo 9”, para evitar una posible lluvia de juicios laborales al Estado.
Y recomienda “comunicarles verbalmente que sus contratos no serán renovados”, ya que los despidos no serán oficializados: “No existirá notificación formal de RRHH”, indica el texto. El objetivo es que la motosierra pase una sola vez: “Agotar el análisis (de empleados a despedir) en esta instancia es lo mejor para que el impacto sea uno y no cunda en una agonía interminable”, agrega el texto.
Lo cierto es que, como denunció la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), hay unos 70.000 trabajadores del Estado en esta situación de informalidad encubierta, cuyos contratos vencen el domingo 31 de marzo. Desde el Gobierno deslizan que en algunos ministerios el recorte llegará al 20% o 30% de la planta total. “El 30% del total de personal del Estado nacional está quedando afuera al 31 de marzo”, alertó el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano. “Se hizo una revisión área por área de todos los contratados. Cada sector pidió por algunos empleados, no se van a echar a todos, pero los contratos que vencen el 31 no se renuevan”, ratificó una fuente oficial en el diario La Nación.
Para tomar una dimensión de las cifras, desde que asumió Milei, hasta el momento echaron a unos 11.000 empleados estatales. Ayer mismo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el vaciamiento del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, un organismo clave para la organización y el desarrollo de los diversos sectores vinculados a la agricultura popular y a la pesca artesanal, que producen más del 60% de los alimentos que se consumen en el país.
Adorni anunció la expulsión de 900 trabajadores del organismo, que pasarán a tener 64 empleados, por “datos calamitosos, profundamente desoladores” que no terminó de precisar. “Se van a reducir 900 puestos de ‘no trabajo’. Esto va a significar un ahorro de $ 9.000 millones”, subrayó el vocero con su habitual ironía.
Se mantiene el apoyo ciudadano
A 100 días de la asunción de Javier Milei, una encuesta de la consultora cordobesa Explanans reveló que el jefe de Estado mantiene su imagen positiva por arriba de la negativa, al punto que el 96% de las personas que lo votaron en el ballottage lo volvería a elegir en el presente.
“La primera conclusión es contundente: hasta el momento, el gobierno libertario goza de buena salud, con una aprobación nacional del 51,5%, cifra que en Córdoba llega al 67,8% y en Mendoza al 63,1%”, sostiene el informe, que indica que “para un importante 50,1 % el Presidente genera emociones positivas: esperanza 40%, confianza 7% y admiración 3,1%”.
Respecto a la situación económica, la encuesta detectó que “para el 59,8 % no hay dudas de que (…) es peor que antes. Pero asigna esta responsabilidad a los gobiernos anteriores: 28,2 % a Cristina, 25,7 % al de Alberto y 15,9 % a Macri”.
Duro balance de la iglesia católica
La Comisión de Justicia y Paz, que depende del Episcopado, realizó un duro balance de la gestión de Javier Milei y advirtió sobre “un clima de altísima fractura social” que se instaló en el país.
El organismo reseñó algunos datos críticos de la economía y advirtió sobre el crecimiento de la demanda de alimentos en los comedores comunitarios, que están desfinanciados por el Gobierno.
También expresó su preocupación por la calidad institucional de las medidas adoptadas por Milei, como el DNU 70/2023 que interviene en áreas “reguladas por leyes dictadas por el Congreso”.
“Aparece un enorme grado de insensibilidad social por parte de las autoridades en las medidas de ajuste”, alertó, “mientras los beneficios fiscales a favor de las grandes empresas siguen sin tocarse, se exhibe la disminución del déficit mediante el ajuste a trabajadores y los jubilados”, cerró.