Un arquitecto y excompañero de colegio de Máximo Kirchner habría cobrado más de 126 millones de pesos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) por trabajos vinculados con un ambicioso complejo que el sindicato proyectaba construir en un predio estatal de 80.000 metros cuadrados, en Tres de Febrero, pero que nunca se concretó.
Los detalles del caso
El terreno estaba bajo jurisdicción del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas y fue desafectado en noviembre de 2023 para ser cedido mediante un «permiso precario y gratuito» a la UOM, según informó el diario Clarín.
El sindicato proyectaba levantar allí el denominado «Nuevo Polo Multifuncional Unión Obrera Metalúrgica», que contemplaba un centro de convenciones, aulas de capacitación, instalaciones deportivas, talleres y estacionamiento, mientras que los primeros planes incluían también un hotel.
El trámite para obtener el predio comenzó formalmente en septiembre de 2023 y avanzó durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández.
Según la documentación citada por Clarín, el 1 de febrero de 2024 la conducción de Andrés Furlán aceptó una propuesta del estudio para desarrollar el «anteproyecto avanzado» de los edificios y confeccionar los correspondientes planos.
Por esos trabajos se presupuestaron 118.087.567 pesos más gastos y, siempre según la investigación periodística, el estudio terminó percibiendo de la UOM un total de 126.787.567 pesos más IVA.
Complejo incompleto
El complejo, sin embargo, nunca llegó a concretarse. En abril de 2024, el entonces intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, intimó al sindicato a detener cualquier obra al considerar que el proyecto era incompatible con la zonificación municipal.
Valenzuela planteó además ante la AABE que la iniciativa era de «cumplimiento imposible» y cuestionó «la celeridad, la temporalidad y la improvisación» con la que se había realizado la cesión del terreno.
El caso se suma a la investigación judicial sobre otro vínculo económico entre la UOM y una dirigente de La Cámpora, María Soledad Calle, cuya empresa USEM SA había sido contratada para administrar fondos provenientes de los aportes de los afiliados.
Calle y Furlán son investigados por la Justicia por ese contrato, mientras que ella también quedó bajo la lupa por la compra de un departamento en el edificio de San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario.