Alerta por el DNU de inteligencia: advierten que habilita prácticas propias del terrorismo de Estado

El ex titular de la SIDE Miguel Ángel Toma cuestionó el decreto 941/2025 por considerar que es inoportuno, poco funcional y peligroso para las garantías democráticas, al otorgar facultades excepcionales a los servicios de inteligencia.

Alerta por el DNU de inteligencia: advierten que habilita prácticas propias del terrorismo de Estado

Miguel Ángel Toma cuestionó el DNU 941/2025 y advirtió que la reforma del sistema de inteligencia reaviva riesgos autoritarios, debilita el control democrático y recuerda prácticas del pasado más oscuro del país.

El ex ministro del Interior y ex responsable de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Miguel Ángel Toma, lanzó duras críticas contra el DNU 941/2025, al advertir que la norma “reflota fantasmas del pasado” y puede abrir la puerta a prácticas incompatibles con el sistema democrático.

Toma, quien estuvo al frente de la SIDE durante la presidencia de Eduardo Duhalde, sostuvo que el decreto que modifica la estructura de la inteligencia estatal resulta “inoportuno y poco funcional”, y afirmó que genera una profunda preocupación respecto de una eventual “intencionalidad autoritaria” detrás de su implementación.

El ex funcionario cuestionó especialmente uno de los cambios centrales de la norma, que habilita a agentes de la SIDE a detener personas sin orden judicial previa.

A su entender, la definición de la inteligencia como una “actividad encubierta” es conceptualmente errónea y riesgosa. “Ese término no existe en el lenguaje teórico ni práctico de la inteligencia en el mundo”, remarcó, y advirtió que su utilización puede “retrotraernos a las peores épocas del terrorismo de Estado”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Toma alertó que la redacción del decreto evoca prácticas de persecución política y el uso de los organismos de inteligencia como herramientas de control y represión social, algo que, dijo, la Argentina debería dejar definitivamente atrás.

Si bien reconoció la necesidad de actualizar la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, vigente desde 2001, para adecuarla a los avances tecnológicos y a nuevas amenazas como el terrorismo, lamentó que ese proceso se haya encarado mediante un decreto. En ese sentido, cuestionó que se haya reemplazado “una ley de consenso” por “una decisión unilateral”, sin debate parlamentario ni acuerdo político amplio.

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