El ecosistema del libro en Argentina atraviesa un escenario de incertidumbre tras la presentación del Anteproyecto de Ley de Desregulación de la Economía. La iniciativa, de 144 páginas, propone modificaciones en distintos sectores, como el inmobiliario, energético y farmacéutico, pero también incorpora cambios que generaron preocupación dentro del ámbito cultural.
El texto, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, constituye la segunda etapa del denominado plan «Hojarasca». El objetivo del oficialismo es eliminar normas que considera generadoras de sobrecostos, limitaciones a la competencia o trabas para el funcionamiento del mercado.
La iniciativa, que permanece bajo análisis del Poder Ejecutivo, plantea una reducción de la intervención estatal en distintas áreas y propone reemplazar regulaciones específicas por mecanismos basados en la libre competencia y los acuerdos entre privados.
Uno de los puntos que generó mayor rechazo dentro del sector editorial es el artículo 15, que establece la derogación de la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, vigente desde hace casi 25 años. La norma garantiza que cada título mantenga un mismo precio de venta al público en todo el territorio nacional, sin importar el lugar donde se comercialice.
Frente a esta propuesta, la Cámara Argentina del Libro (CAL) manifestó un fuerte rechazo. Su presidente, Juan Manuel Pampín, aseguró en diálogo con este medio que la medida pone en riesgo una herramienta clave para sostener la diversidad editorial y el acceso federal a la lectura.
¿En qué consiste la ley que buscan eliminar?
Sancionada en 2001, la Ley 25.542 establece que los editores e importadores deben fijar un precio uniforme de venta al público para cada libro. De esta manera, evita que grandes cadenas comerciales o supermercados apliquen descuentos que las librerías independientes no están en condiciones de igualar.
Según Pampín, la norma no surgió como una imposición estatal, sino como el resultado de un amplio consenso entre autores, editores, distribuidores y libreros. «Al día de hoy, esta ley sigue contando con el respaldo de todo el sector: editoriales, distribuidoras y librerías, tanto grandes como chiquitas», afirmó.
El dirigente señaló que ese apoyo también incluye a los principales grupos editoriales y cadenas de librerías del país, como Penguin Random House y Yenny, que, según indicó, respaldan la continuidad de la legislación.
Para la CAL, el precio único constituye la principal herramienta para sostener las cerca de 1.200 librerías independientes que existen en Argentina, el país con mayor cantidad de librerías por habitante de América Latina. Sin esa regulación, advierten, el mercado podría concentrarse en pocos actores, como ocurrió en Estados Unidos y el Reino Unido.
Pampín sostuvo que, aunque una desregulación podría generar bajas de precios en un primer momento, a largo plazo terminaría perjudicando tanto a los consumidores como a los pequeños comercios. «Es algo parecido a lo que sucedió con Uber, Didi o Cabify. Al principio muchos pensamos que era positivo porque era más barato, pero hoy esas plataformas tienen prácticas muy desfavorables para el consumidor. Las empresas más grandes se consolidan porque tienen espalda financiera y los actores independientes terminan desapareciendo», explicó.
Un proyecto con impacto sobre la política del libro
El anteproyecto también introduce cambios en la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura. Según la Cámara Argentina del Libro, el artículo 14 elimina herramientas centrales para el desarrollo de la política bibliotecaria y editorial. Entre las principales modificaciones figura la derogación de los artículos 9 y 10, que crean el Fondo Nacional de Fomento destinado a financiar programas de promoción de la lectura.
También propone eliminar el artículo 18, que habilita al Estado a adquirir al menos el 5% de la primera edición de libros de autores argentinos para fortalecer el patrimonio bibliográfico nacional, y el artículo 20, que establece programas de capacitación para autores, libreros y traductores.
Para Pampín, estas medidas representan «un corrimiento del Estado de las obligaciones básicas». Además, cuestionó que el proyecto reemplace el concepto de «alfabetización» por el de «lectura» entre los objetivos de la norma.
La preocupación por la identidad cultural
Otro de los aspectos que genera rechazo es la derogación de la Ley 23.316, que establece la obligatoriedad del doblaje local para la televisión nacional. Para Pampín, la medida excede el plano audiovisual y podría afectar la identidad lingüística y la tradición editorial argentina.
«Nuestros personajes no van al ‘lavabo’, nuestros personajes no ‘cogen’ las cosas, en nuestros libros nuestros niños no van al ‘columpio'», ejemplificó al explicar la importancia de contar con traducciones adaptadas a nuestro idioma.
En ese sentido, advirtió que la industria editorial y de traducción argentina posee «una tradición muy larga y rica» y que existe «un peligro muy importante de extinción» si avanzan estas modificaciones.
Finalmente, el presidente de la CAL cuestionó que el anteproyecto haya sido elaborado sin consultar al sector. «Creo que hay un gran desconocimiento sobre cómo funciona nuestra industria», sostuvo.
Frente a este escenario, la Cámara Argentina del Libro inició gestiones con legisladores de distintos bloques para intentar frenar la derogación de estas leyes, al considerar que constituyen herramientas fundamentales para proteger la producción editorial, la bibliodiversidad y el patrimonio cultural argentino.