La Cámara de Diputados aprobó este jueves la Ley Penal Juvenil, una iniciativa clave del Gobierno que busca bajar la edad de imputabilidad a los 14 años para delitos graves. En una sesión especial que también incluyó el acuerdo Mercosur-UE, el proyecto obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra.
La reforma propone un cambio profundo en el régimen vigente, estableciendo un nuevo esquema de sanciones y medidas socioeducativas. El debate estuvo marcado por fuertes cruces entre los bloques respecto al enfoque del sistema de responsabilidad penal adolescente y el alcance de las penas previstas.
Posiciones contrapuestas en torno al proyecto de edad de imputabilidad
Durante su intervención, la diputada de Unión por la Patria Gabriela Estévez sostuvo: “Los criminales más peligrosos están dentro de la Casa Rosada” y agregó que, a su entender, la iniciativa “no rescata a los jóvenes de la criminalidad ni prioriza a las víctimas”.
La diputada Myriam Bregman señaló: “Se dicen peronistas, ¿pero saben que el gobierno peronista en 1954 subió la edad? Se llegó a decir en ese ‘dictamen peronista’ de aplicar la Ley del Arrepentido, bajan la edad de punibilidad y ponen a los pibes en esa ley extorsiva”.
Por su parte, el diputado Santiago Santurio expresó: “Este régimen no es la solución definitiva, pero es para que los jóvenes que cometen delitos graves entiendan que son parte de la sociedad y respondan por sus actos, y también para las víctimas; es una función prioritaria del Estado”.
El legislador Martín Yeza sostuvo que se trata de “un sistema progresivo, escalable, penal e integral que busca evitar la carrera delictiva” y que el Congreso debe “estar a la altura de lo que necesita realmente la Argentina”.
En la misma línea, la diputada Yolanda Vega indicó que “corresponde actualizar la legislación penal acorde a nuestros tiempos y estándares internacionales” y que la sociedad requiere abordar el tema.
Desde la oposición, la diputada Agustina Propato afirmó que “es arbitrario, caprichoso e irrazonable pensar que se resuelve algo determinando una edad tope”.
A su turno, Lourdes Arrieta sostuvo que el proyecto integra “prevención, reinserción, corresponsabilidad y reparación del daño a las víctimas” y adelantó que acompañará la iniciativa.
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