La oposición en la Cámara de Diputados avanzó con una nueva ofensiva contra el Gobierno al poner bajo análisis la media sanción del Senado que busca limitar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El proyecto establece que los decretos deberán ser tratados en un plazo de 90 días y podrán quedar anulados si son rechazados por una sola cámara del Congreso. Además, prohíbe al Ejecutivo emitir otro DNU sobre la misma materia durante el mismo año parlamentario.
La diputada de Unión por la Patria, Mónica Litza, defendió la necesidad de revisar el régimen actual: “A casi 20 años de la ley 26.122 vemos que lo que debía ser una excepción y un control del presidencialismo se ha convertido en la regla, sobre todo para este Gobierno”. En ese sentido, señaló que el oficialismo “prefiere hacerle un bypass al Congreso y gobernar mediante DNU y vetos”.
Desde el Frente de Izquierda, Christian “Chipi” Castillo cuestionó directamente la existencia misma de los decretos. “Los DNU son atributos bonapartistas, semejantes a los de un rey sin corona. La ley actual es inconstitucional porque reduce al Congreso a prácticamente la nada”, sostuvo, y recordó que el DNU 70/23 de Javier Milei representó “una reforma constitucional de hecho”.
En el PRO, las posiciones se dividieron. La diputada Patricia Vásquez cargó contra el kirchnerismo por su cambio de postura: “Quieren limitar las posibilidades institucionales de un presidente democráticamente electo. Cuando Alberto Fernández firmó 178 DNU, el peronismo no puso ningún reparo”. Por su parte, Silvia Lospennato tomó distancia de esa visión y adelantó su apoyo al proyecto: “El PRO viene sosteniendo desde 2006 que esta ley es inconstitucional. No podemos ser incoherentes ahora porque estemos en la oposición”.
El debate, que ya encendió las alarmas en la Casa Rosada, vuelve a poner en discusión un instrumento creado en la reforma constitucional de 1994 para situaciones excepcionales, pero que todos los gobiernos utilizaron de manera recurrente. Con esta reforma, la oposición busca reducir el margen de discrecionalidad del Poder Ejecutivo y reforzar el rol del Congreso en la toma de decisiones.
Más allá de los argumentos jurídicos y constitucionales, la discusión sobre los DNU se convirtió en un nuevo escenario de disputa política entre el oficialismo y la oposición. Mientras el Gobierno ve amenazada una de sus principales herramientas para avanzar sin consensos legislativos, los bloques opositores buscan marcar límites a la concentración de poder presidencial y condicionar la estrategia parlamentaria de Javier Milei. El desenlace de esta pulseada no solo definirá el futuro del proyecto, sino también el equilibrio de fuerzas en el Congreso de cara a las próximas batallas legislativas.