El conflicto por el financiamiento universitario sumó este miércoles un nuevo capítulo político, social y judicial. Ocurre que mientras el Gobierno nacional apeló la última sentencia del juez federal Martín Cormick, quien declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 y ordenó nuevamente la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario; las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) intensificaron las protestas al mudar su plenario mensual al Cabildo de Buenos Aires y agrupaciones estudiantiles ingresaron a la sede de la Secretaría de Educación en el Palacio Pizzurno.
La persistencia de la brecha presupuestaria empujó a la comunidad académica a ratificar una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo 15 de octubre.
La apelación de la Casa Rosada
La decisión del Poder Ejecutivo Nacional de recurrir la medida cautelar se concretó a través de la Procuración General del Tesoro. Desde la administración pública argumentaron, otra vez, que la ley aprobada por el Congreso de la Nación carece de partidas presupuestarias explícitas para financiar las erogaciones exigidas.
Fue el argumento desestimado por el juez Cormick al declarar la inconstitucinoalidad del DNU 759/2025, ya que advirtió que el artículo 9° de la propia ley universitaria (27.795) otorgaba pautas y herramientas suficientes para que el Poder Ejecutivo reasignara los créditos necesarios para cumplirla.
«Suspender la aplicación de una Ley entendiendo que se ha omitido precisar con exactitud las fuentes de financiamiento cuando existe un artículo que da pautas sobre la cuestión, deviene irrazonable», sostuvo Cormick en su argumentación.
Frente a la respuesta oficial, los integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional -formado por todos los rectores de las universidades nacionales del país- deliberaron en el histórico edificio del Cabildo, a metros de la Casa Rosada. Los rectores exigieron la estricta aplicación de la normativa aprobada por el Congreso y advirtieron sobre el deterioro de los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios.
Desde la conducción del organismo señalaron que la propuesta de asignación presupuestaria enviada por el Ejecutivo equivale a un 0,53% del PBI, registro que representa el nivel más bajo asignado al sistema universitario nacional desde el año 2001.
En paralelo a las discusiones institucionales, un grupo de estudiantes pertenecientes a diversas facultades ingresó al hall central del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación de la Nación. Los manifestantes desarrollaron una sentada en el interior del inmueble ubicado sobre la calle Pizzurno.
La falta de acuerdo entre las partes aceleró el plan de lucha gremial e institucional. Dirigentes sindicales docentes expresaron su rechazo a las maniobras judiciales del Estado.
«El Gobierno nacional ya ha demostrado su voluntad sistemática de incumplir las leyes y recortar el presupuesto universitario. Por eso, este 15 de octubre nos vamos a movilizar masivamente con todos los sectores por la defensa irrenunciable de la universidad pública y la soberanía nacional», afirmó Pablo Perazzi, secretario general del sindicato de Docentes de la UBA (FEDUBA).