El Gobierno busca extender el interés público en la causa Malvinas

El gobierno nacional intentará extender esta semana el efecto positivo que generaron los anuncios del presidente Javier Milei sobre el reclamo de soberanía de las Islas Malvinas. Por primera vez en meses, la cadena nacional del jueves puso al jefe de Estado al frente de la agenda pública nacional, le devolvió iniciativa política y dejó a la oposición en un brete ante un tema que, como se evidenció en el Mundial de Fútbol, cruza transversalmente a toda la sociedad.

Una nueva estrategia de campaña

Los estrategas de la Casa Rosada sostienen que Milei pegó un pleno que cambiará radicalmente el escenario de la campaña electoral que comienza. Pretenden que Malvinas se convierta en uno de los ejes de los comicios del año próximo y que el Gobierno se logre apropiar de una causa que hasta ahora había estado más asociada a partidos históricos como el peronismo o el radicalismo, cuyas ínfulas nacionalistas son desconocidas para La Libertad Avanza (LLA).

Creen que además podrán arrinconar a la oposición con un dilema de difícil solución: o acompañan las iniciativas oficiales o quedan expuestos como traidores a la patria.

La nueva estrategia demanda entonces modificar planes y concentrar gestos y anuncios en torno a la disputa con el Reino Unido: por eso, Milei encabezará este mismo lunes una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, donde se repasará las medidas relacionadas a la causa Malvinas y comenzarán a definir el Presupuesto 2027, la otra gran batalla que se avecina, que debe ser remitido al Congreso antes del 15 de septiembre.

También saldrán más funcionarios a tomar la palabra, ya que la nueva directiva es que todo el Gabinete se involucre en la defensa pública de la estrategia oficial por Malvinas. Por eso, el ministro de Defensa, Carlos Presti, romperá esta semana su silencio habitual para dar una conferencia de prensa donde ofrecerá detalles sobre la base naval a construir en Tierra del Fuego.

El objetivo es sostener el tema en la agenda pública y mostrar al Gobierno al frente de la iniciativa.

Ley de Defensa Nacional

Si bien nadie duda de que cualquier resultado de estas medidas se verá con el tiempo, lo cierto es que el Gobierno confía en convertir la causa en base de su estrategia electoral para la reelección del presidente Milei. El primer paso para lograrlo se dará en los próximos días en el Congreso, cuando el mandatario remita la anunciada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que incluirá diferentes proyectos para modificar la legislación vigente sobre operaciones en las islas sin autorización de Argentina y la creación del Consejo de Seguridad Nacional.

El Gobierno busca sostener el tema en el Parlamento, por lo que enviará diferentes iniciativas vinculadas a la explotación de recursos naturales, la regulación de actividades comerciales en la zona en disputa, la presencia argentina en el Atlántico Sur y la coordinación con organismos internacionales, dentro de ese gran paquete legislativo.

Fuentes oficiales aseguran que el objetivo oficial es que las medidas tengan un “consenso transversal” para convertirlas en “una política de Estado” que se sostenga más allá de las coyunturas partidarias. Para lograrlo, convocarán a especialistas, exfuncionarios, académicos y representantes de las Fuerzas Armadas con el objetivo de “enriquecer el debate legislativo” y lograr “una postura unificada” de toda la dirigencia política frente a la comunidad internacional.

Quedará por ver si esta novedosa voluntad dialoguista oficial se sostiene en el tiempo o encuentra límites en la acostumbrada verborragia presidencial.

Detalles de la base naval

El líder del Ejecutivo ya reasignó el viernes, a través del DNU 867, «$217.959 millones -unos US$142 millones– del Presupuesto nacional para el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, destinados principalmente a avanzar con la construcción de la Base Naval Integrada (BNI) de Ushuaia y a finalizar la Base Petrel», en la Antártida, según se informó.

De ese total, unos $114.732 millones figuran como adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo, destinados a las obras de la base naval de Tierra del Fuego. No viene mal recordar que el proyecto de construcción de esta base militar data de 2022 y fue el propio Milei quien frenó su financiamiento: hasta el momento, el avance de la obra es apenas del 9% del total.

Si bien aún no se conocen las dimensiones que tendrá la base, algo que el ministro Presti comenzaría a despejar hoy, las fuentes oficiales hablan de un costo previsto de unos US$ 300.000.000 en la prensa porteña -aunque otros informantes lo alargan hasta US$ 400.000.000 o US$ 500.000.000-, algo que excede ampliamente los montos reasignados.

Una fuente del bloque de diputados libertario aseguró incluso que «solo la construcción del puerto, el complejo naval y las viviendas personal costará unos US$ 70.000.000″.

Por eso, el Gobierno tuvo que salir a desmentir que vaya a buscar financiamiento externo para completar la construcción, sobre todo de Estados Unidos, que se ha mostrado particularmente interesado en asentarse en la zona. No fue hace mucho que Milei anunció, junto a la generala del ejército norteamericano, Laura Richardson, que planeaba retomar la construcción de la base proyectada inicialmente por el ex presidente Alberto Fernández: el acto se realizó en Ushuaia el 4 de abril de 2024, frente a soldados argentinos pero también marines norteamericanos.

Ante su flamante giro nacionalista, el canciller Pablo Quirno tuvo que salir a aclarar que “no se le entregará a los Estados Unidos» la base naval, a la vez que negó un pedido de Washington al respecto.

Impacto en la conversación digital

Una encuesta de la consultora Ad Hoc, que monitorea la conversación en redes, reveló que el impacto de los anuncios del jefe de Estado mostró una mejoría en su consideración pública.

Según el estudio, las menciones digitales sobre Milei en las horas posteriores a la cadena nacional del jueves mostraron un 46% de negatividad, 36% de positividad contra el 18% de publicaciones neutrales o informativas. El dato relevante es que el volumen de negatividad «bajó 9 puntos con respecto al promedio de agosto (55%)» y mejoró otros «21 puntos con respecto al 67% de negatividad» tras el evento de la bandera de Malvinas sostenida por los jugadores de la selección en el partido contra Inglaterra en el Mundial de Fútbol. Además, la mayoría de las referencias negativas al mandatario estuvieron vinculadas a su discurso en Chile, donde elogió al dictador Augusto Pinochet y atacó al presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez.

Otro balance de la consultora Monitor Digital reveló que el discurso presidencial no pudo sortear la polarización en redes. «La causa nacional quiso escapar de la grieta, pero ésta la terminó subsumiendo«, sostuvo el informe, que aseguró que la cadena nacional despertó poco interés y que las 36.900 menciones la ubicaron como la tercera de menor volumen entre las 16 cadenas nacionales del jefe de Estado, relevadas por la consultora desde diciembre de 2023.

Otro informe de QSocial Big Data mostró un panorama más positivo para el Gobierno, ya que contabilizó 2.775 publicaciones, 1,4 millones de acciones y 17,4 millones de visualizaciones durante las primeras 14 horas posteriores al discurso presidencial. Sin embargo, los datos revelan un enorme pico inicial que se fue apagando con el transcurso del tiempo, puesto que casi el 57% de las interacciones se produjo durante las tres horas posteriores al mensaje y el 42% se concentró específicamente en la hora de emisión.

Fuerte respaldo empresario

Por lo pronto, las principales entidades empresarias salieron a alinearse detrás de la flamante cruzada mileísta. La Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Sociedad Rural Argentina, emitieron sendos comunicados en los últimos días respaldando el reclamo de soberanía impulsado por el Gobierno.

“La soberanía sobre las Islas Malvinas constituye una causa nacional, permanente e irrenunciable, que está por encima de las diferencias políticas y debe unir a todos los argentinos”, aseguró además el Grupo de los 6, que reúne también a la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), y retomó el discurso presidencial al vincular el reclamo con la defensa de los recursos naturales y los intereses estratégicos de la Nación.

“El G6 reafirma la necesidad de sostener con firmeza el reclamo argentino en el marco de nuestra Constitución Nacional, el derecho internacional y la búsqueda de una solución pacífica a través de la diplomacia y la negociación”, indicaron en un comunicado.

Los primeros resultados

El comunicado del G6 se difundió el mismo día en que las tres empresas petroleras más importantes del rubro, SLB, Halliburton y Baker Hughes, se comprometieron ante el Gobierno argentino a no mantener negocios con el proyecto Sea Lion en Malvinas.

SLB informó que “no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”; mientras que Halliburton Argentina afirmó que “respeta la soberanía de la República Argentina” y remarcó que no participa en el proyecto Sea Lion “en ninguna actividad relacionada de exploración o producción que se lleve a cabo en torno a las Islas Malvinas”. La firma agregó que desarrolla sus operaciones “en pleno cumplimiento de las leyes y regulaciones de la República Argentina”.

En tanto, Baker Hughes Argentina comunicó que “no participa ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas, así como en los espacios marítimos e insulares circundantes”.

Tras los pronunciamientos, YPF celebró la decisión: “Que las principales compañías de servicios del mundo (SLB, Halliburton, Baker Hughes) sigan apostando por YPF y por la Argentina es una señal muy clara de todo lo que tenemos por delante”, aseveró la petrolera nacional.

El desafío de las petroleras

Sin embargo, horas antes, las petroleras Rockhopper y Navitas Petroleum, responsables del proyecto Sea Lion en Malvinas, desafiaron las medidas anunciadas por Milei y aseguraron que no esperan consecuencias materiales por las penalidades anunciadas por desarrollar el yacimiento. Las compañías difundieron una declaración conjunta donde remarcaron que continuarán con el proyecto porque operan con licencias petroleras otorgadas por el gobierno de las Islas Malvinas y señalaron que cuentan con el «respaldo total y continuo» del Gobierno del Reino Unido.

«La sociedad considera que no se prevé que los recientes acontecimientos tengan un impacto significativo en las actividades de desarrollo del Proyecto Sea Lion», indicaron en su comunicado. Si bien sus acciones registraron bajas en las bolsas durante la jornada del viernes, no fueron significativas: los papeles de Rockhopper retrocedieron un 6% en el mercado de Londres, mientras que los títulos de Navitas perdieron alrededor de un 2% en Tel Aviv.

Las advertencias del Reino Unido

Ocurre que, casi en simultáneo, el secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, salió a ratificar que el archipiélago «es británico» y garantizó la defensa de Londres de ese territorio.

“Las Malvinas son británicas porque los habitantes de las Malvinas eligen ser británicos”, escribió Streeting en su cuenta oficial de X, defendiendo el derecho a la autodeterminación de los isleños, una posición que hasta hace poco había sido defendida por el propio Milei.

Además, cuestionó los anuncios del mandatario argentino al sostener que sus anuncios “dicen más sobre la política interna de la Argentina que sobre las islas”.

“No estamos preocupados por las declaraciones del presidente de Argentina», agregó el titular de la Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas, Jack Ford, quien indicó que “estamos acostumbrados a las amenazas de Argentina. Estas amenazas para las empresas que operan en la industria del aceite no son nada nuevo. Siempre hemos podido seguir operando y prosperando pese a esas amenazas. Así que seguiremos haciendo lo mismo», completó.

“Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses”, advirtió al fin un portavoz de Downing Street, quien insistió en que las islas “seguirán siendo británicas mientras los isleños lo deseen”.

Las sanciones anunciadas

Poco después, el gobierno nacional publicó un listado de 45 personas y empresas sancionadas por participar —de manera directa o indirecta— en actividades vinculadas a la explotación petrolera en Malvinas.

Las sanciones implican prohibiciones de operar en Argentina, restricciones financieras y limitaciones para participar en licitaciones o acceder a permisos energéticos en nuestro país. También se establecen impedimentos para que las personas físicas ingresen al país o mantengan vínculos comerciales con empresas locales.

Sin embargo, ayer saltó una curiosidad muy llamativa que sacudió la estrategia oficial, ya que entre las firmas acusadas hay una que se vincula de manera directa con Jared Kushner, el yerno del presidente norteamericano Donald Trump vía su hija Ivanka.

Ocurre que en 2025 el fondo Affinity Partners compró el 10% de Phoenix Financial, un grupo que

tiene más de un 7% de participación directa en Navitas, la petrolera israelí que participa del proyecto Sea Lion en Malvinas. El fundador y CEO de Affinity Partners es Jared Kushner, marido de Ivanka Trump y funcionario de primera línea del gobierno republicano hasta 2021.

Periodistas porteños sostienen que no es el único inconveniente que encontraría la cruzada de Milei a la hora de sancionar a empresas que pretenden operar en Malvinas. Se verá.

Intersecciones con el Rigi

De hecho, el diputado opositor Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) denunció a través de sus redes sociales que la compañía petrolera británica Premier Oil, que fue sancionada por operar en las islas Malvinas, accedió también al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) tras haber cambiado de nombre años atrás a Harbour Energy.

«El Estado argentino inhabilitó a Premier Oil hasta 2028 por violar la Ley 26.659. Hoy, esa misma empresa, bajo el nombre de Harbour Energy, integra con un 15% de participación accionaria a Southern Energy, el consorcio al que el Gobierno le aprobó los beneficios del RIGI para desarrollar y exportar gas desde Río Negro», sostuvo Ferraro, quien le exigió explicaciones al ministro Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.

El sueño de participar en las regalías

Por lo pronto, las fuentes oficiales anticipan que las expectativas oficiales, en cuanto a resultados concretos, no está puesta en la soberanía de Malvinas sino en conseguir participación en las regalías de los proyectos que se desarrollen en las islas.

“El lobby petrolero puede sentar a los ingleses para que le den una parte de las regalías a Argentina”, señaló una fuente oficial en un medio digital. Ocurre que los habitantes de las islas proyectan recibir unos US$ 2.000 millones en regalías durante los próximos 30 años si avanza el proyecto petrolero offshore Sea Lion. Arañar parte de ese botín sería un triunfo para Argentina.

Lo que está claro es que el tema Malvinas llegó para quedarse en el debate público nacional.