A través de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME, el Gobierno Nacional formalizó la eliminación de 58 normativas que regulaban diversos aspectos del comercio interno, el mercado de crédito y la educación privada. Esta medida se suma a un total de 240 derogaciones realizadas por la actual gestión desde diciembre de 2023.
La resolución, firmada por el Secretario de Coordinación de Producción, Pablo Agustín Lavigne, afecta a los siguientes sectores y programas:
- Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA): Se eliminaron 22 normas relacionadas con este mecanismo de intervención en la cadena triguera. Los considerandos de la medida señalan que, tras la liquidación del fideicomiso del fondo en marzo de 2024, estas regulaciones habían perdido su objeto y sustento legal.
- Programas de fomento al consumo: Se derogaron 30 normativas de los programas «Ahora 12» y «Cuota Simple». Según el texto oficial, estos programas perdieron vigencia al no ser prorrogados, en el marco de una política que busca eliminar distorsiones en la asignación de capital y restablecer señales de precios en el mercado de crédito.
- Instituciones de enseñanza privada: Fueron dadas de baja 4 normas que obligaban a los colegios privados a informar sus aranceles con antelación y solicitar autorización estatal para modificarlos. El documento oficial indica que estas exigencias limitaban la capacidad de las instituciones para ajustar precios según sus costos operativos.
- Consumo y atención al cliente: Se eliminó una normativa accesoria al programa Precios Cuidados y otra que establecía mecanismos de atención duplicados para adolescentes consumidores, centralizando ahora la gestión de reclamos en un único canal especializado.
La resolución se sustenta en la Ley N° 27.742 (Ley de Bases) y en el Decreto N° 70/2023. El texto legal menciona que la revisión normativa responde a la previa derogación de leyes como la de Abastecimiento (20.680), Góndolas (27.545) y el Observatorio de Precios (26.992).
En los considerandos, la autoridad de aplicación sostiene que la «proliferación normativa» mediante múltiples resoluciones y disposiciones ha generado una dispersión que dificulta determinar cuáles son las normas vigentes para los ciudadanos. La medida, que incluye también la Disposición 534/2026, tiene vigencia a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.