El oficialismo intensificará esta semana las negociaciones con bloques opositores dialoguistas para destrabar el tratamiento de la denominada Ley de Propiedad Privada, una iniciativa que propone reformas profundas en materia de tierras, desalojos y regularización de barrios populares, y que por el momento no cuenta con los votos necesarios para avanzar en el Congreso.
La propuesta impulsada por el gobierno de Javier Milei enfrenta diferencias con espacios como la Unión Cívica Radical, el PRO y bloques provinciales, por lo que el Ejecutivo buscará primero garantizar la firma del dictamen en comisión y luego su aprobación en el recinto.
“Todavía no están los votos, hay que seguir conversando porque varios bloques quieren introducir modificaciones”, admitieron fuentes cercanas al oficialismo. En ese marco, aún no fue convocado el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por Agustín Coto y Nadia Márquez.
Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es la modificación de la ley 26.737, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que actualmente limita la compra de tierras por parte de extranjeros a un máximo de 1.000 hectáreas. La nueva iniciativa elimina ese tope y propone que solo se requiera autorización en casos vinculados a Estados extranjeros.
Desde el Gobierno argumentan que la reforma busca focalizar los controles en situaciones que puedan comprometer la soberanía o la seguridad nacional. Sin embargo, legisladores dialoguistas advierten que la eliminación total de límites podría facilitar la concentración de tierras en manos extranjeras.
En esa línea, la senadora Edith Terenzi expresó reparos sobre el impacto de la medida en provincias con grandes extensiones territoriales. “Sin límites claros, se debilita la capacidad de los estados provinciales para regular la propiedad de tierras estratégicas”, señaló.
Otro eje de conflicto es la reforma de la ley de barrios populares (27.453). El proyecto propone restringir las expropiaciones y elimina la suspensión de desalojos por diez años, lo que genera preocupación entre sectores opositores que advierten sobre un posible aumento de desalojos y mayores dificultades para avanzar en la regularización dominial.
Además, la iniciativa reduce la participación de organizaciones barriales en obras y descentraliza la implementación del régimen, delegando mayor responsabilidad en provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
El Gobierno, por su parte, sostiene que la normativa vigente no logró cumplir sus objetivos: según datos oficiales, apenas el 0,08% de los habitantes alcanzados por la ley obtuvo el título de propiedad en los últimos siete años.
En materia de desalojos, el proyecto introduce un procedimiento más ágil, con plazos reducidos tanto para la intimación por falta de pago como para la ejecución de la medida, lo que también genera resistencias.
Otro capítulo relevante es la modificación de la ley de Manejo del Fuego, que elimina restricciones vigentes desde 2020 que impedían vender o cambiar el uso de tierras afectadas por incendios durante largos períodos. Desde el Ejecutivo consideran que esas limitaciones resultan excesivas y afectan el derecho de propiedad, mientras que sectores críticos advierten sobre posibles impactos ambientales.
Con varios frentes abiertos y posiciones aún distantes, el oficialismo apuesta a intensificar el diálogo político para acercar posturas y lograr los consensos necesarios que permitan avanzar con una de las reformas más sensibles de su agenda legislativa.
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