La Cámara de Diputados se encamina a una jornada clave en torno a la reforma de la ley de glaciares, con un plenario de comisiones previsto para este martes que podría dejar el proyecto listo para su tratamiento en el recinto.
La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, forma parte de las prioridades legislativas del oficialismo, que apunta a obtener el dictamen y avanzar hacia su aprobación definitiva.
Cambios propuestos en la normativa
El proyecto impulsado por el Gobierno plantea modificaciones en la delimitación de las zonas protegidas, al establecer que la tutela ambiental alcance únicamente a los cuerpos de hielo con función hídrica comprobable.
Además, propone otorgar a las provincias una mayor injerencia para definir qué áreas quedan bajo resguardo y en cuáles podrían habilitarse actividades productivas, especialmente vinculadas a la minería.
Este punto concentra las principales críticas de sectores opositores y organizaciones ambientales, que advierten sobre posibles riesgos para reservas estratégicas de agua.
Posturas enfrentadas y reclamos
Desde bloques opositores impulsan la posibilidad de una consulta popular vinculante, argumentando que el alcance del proyecto excede el ámbito parlamentario por su impacto ambiental y federal.
El planteo se apoya en la participación registrada en audiencias públicas recientes, donde se inscribieron más de 100 mil personas, aunque solo una parte pudo exponer.
En paralelo, organizaciones ambientalistas cuestionaron el proceso de debate y alertaron sobre eventuales efectos en el ambiente periglacial, actualmente protegido por la legislación vigente.