El Reino Unido diseñó una estrategia en distintos frentes para defender el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, frente a las acciones legales y económicas impulsadas por la Argentina. Así lo expone un informe técnico publicado recientemente por la Biblioteca de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico, que analiza las tensiones entre ambos países por la explotación de los recursos naturales en el Atlántico Sur.
El documento, titulado UK-Argentina tensions on the Falklands Islands and oil 2026, fue elaborado por los investigadores Patrick Butchard, John Curtis y Philip Loft. Su objetivo es ofrecer información técnica e imparcial a los legisladores sobre el conflicto y las respuestas adoptadas por el gobierno del primer ministro Andy Burnham.
El análisis identifica cuatro ejes principales de la ofensiva argentina durante 2026: la reafirmación del reclamo de soberanía ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, las sanciones económicas contra 60 personas y empresas vinculadas con la exploración petrolera, la reactivación de la construcción de la Base Naval de Ushuaia y la presentación de una demanda ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).
La disputa judicial y el futuro de Sea Lion
Uno de los puntos centrales del conflicto se resolverá el próximo 28 de noviembre, cuando el Tribunal del Mar se pronuncie sobre las medidas cautelares solicitadas por la Argentina para frenar las actividades petroleras en la zona en disputa.
La presentación fue formalizada por la Cancillería el 13 de octubre de 2026 y contempla cuatro pedidos: detener los trabajos de explotación y construcción de infraestructura del consorcio en la Cuenca Norte de Malvinas, impedir que el Reino Unido utilice los datos de exploración en perjuicio de los derechos argentinos, garantizar la capacidad de Buenos Aires para proteger el medio marino y evitar que Londres otorgue nuevas licencias de explotación en la plataforma continental disputada.
La controversia también presenta diferencias procesales entre ambos países. Mientras el Reino Unido eligió a la Corte Internacional de Justicia como ámbito para resolver disputas vinculadas con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, Argentina seleccionó al Tribunal del Mar. Esta diferencia complica la conformación del tribunal arbitral definitivo y explica la intervención del TIDM en esta instancia de medidas urgentes.
El yacimiento Sea Lion está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas y es operado por un consorcio integrado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum. Sus reservas estimadas ascienden a 1.700 millones de barriles de petróleo. El inicio de la extracción está previsto para 2028, mientras que las primeras perforaciones comenzarían en enero de 2027.
De acuerdo con la información presentada por la delegación argentina durante las audiencias, el proyecto contempla la instalación de hasta 26 pozos submarinos permanentes y una producción total estimada en 310,5 millones de barriles.
Para los aproximadamente 3.500 habitantes de las islas, la explotación representa una fuente potencial de financiamiento para un fondo soberano y obras de infraestructura, entre ellas un nuevo puerto comercial. En cambio, desde sectores políticos argentinos consideran que los ingresos derivados del petróleo contribuirían a sostener financieramente la ocupación británica del territorio.
Las medidas que prepara Londres para proteger a las empresas
Frente a las acciones argentinas, el gobierno británico avanzó con respuestas diplomáticas y regulatorias para garantizar la continuidad del emprendimiento.
En septiembre, la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, difundió una guía oficial para hacer negocios con las Malvinas. En ella sostuvo que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales y ratificó el respaldo del gobierno a las compañías que participan de las actividades de exploración.
En octubre, Londres anunció que aplicaría herramientas previstas en la legislación de Protección de Intereses Comerciales (Protection of Trading Interests, PTI). El objetivo es resguardar a las empresas británicas frente a las sanciones extraterritoriales argentinas y permitirles continuar con sus operaciones de acuerdo con las leyes del Reino Unido.
Durante las audiencias en Hamburgo, la fiscal general británica, Ellie Reeves, cuestionó los pedidos argentinos y advirtió que una eventual paralización del proyecto tendría consecuencias económicas para los habitantes de las islas. Según su planteo, las medidas podrían comprometer miles de millones de libras destinadas al desarrollo económico local.
La postura oficial también fue expresada por Downing Street el 10 de noviembre. Desde el gobierno británico sostuvieron que la audiencia no aborda la cuestión de la soberanía y que la presentación de una demanda no obliga a detener una actividad económica que Londres considera legal.
En esa línea, el informe parlamentario señala que el Reino Unido buscará impugnar el reclamo argentino y establecer mecanismos de protección para las compañías que operan en las islas.
La posición argentina y el papel de Estados Unidos
El canciller Pablo Quirno se refirió al litigio el miércoles, durante el encuentro Marval Legal Forecast 2027. Allí explicó que el arbitraje no busca resolver la soberanía de Malvinas, sino determinar las obligaciones que tienen ambos Estados bajo la Convención del Derecho del Mar respecto de la explotación de los recursos naturales en los espacios marítimos disputados.
Quirno remarcó la importancia de obtener medidas cautelares antes de que avance la extracción petrolera y sostuvo que, una vez iniciado el proceso, los recursos no pueden recuperarse. Además, destacó que se trata de la primera vez que la Argentina lleva al Reino Unido a un arbitraje por una cuestión vinculada con Malvinas.
El funcionario también aclaró que el procedimiento continuará independientemente de la resolución que adopte el Tribunal del Mar el 28 de noviembre. Para el Gobierno argentino, el arbitraje forma parte de una estrategia más amplia que incluye las sanciones económicas y la denominada Ley de Soberanía.
El informe británico dedica otro apartado a la intervención de Estados Unidos en la controversia. En agosto, el presidente Donald Trump manifestó que Washington estaba revisando su histórica posición de neutralidad sobre la soberanía de las islas. Un mes después, señaló que existía un conflicto entre dos países y que podría intervenir para evitar una escalada.
El presidente Javier Milei utilizó esas declaraciones para reforzar el reclamo argentino ante organismos internacionales, al interpretar que podían representar un cambio de postura favorable a Buenos Aires. Por su parte, Burnham mantuvo conversaciones con Trump para advertir sobre las consecuencias económicas que las sanciones argentinas podrían tener tanto para empresas británicas como estadounidenses.
Según el documento parlamentario, la preocupación de Washington por las posibles restricciones a sus compañías también habría influido en el tratamiento de la legislación argentina.
Fracasó el debate de la Ley de Soberanía en Diputados
En paralelo a la disputa internacional, el proyecto de Ley de Soberanía tenía previsto debatirse este miércoles en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la sesión especial convocada por el oficialismo fracasó por falta de quórum.
La Libertad Avanza y los bloques que respaldaron la convocatoria reunieron 126 legisladores, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.
La iniciativa contempla sanciones económicas, suspensiones y cancelaciones de habilitaciones para empresas, operadoras, licenciatarias, proveedores y accionistas vinculados con actividades consideradas irregulares por la Argentina.
Durante las negociaciones con bloques aliados, el oficialismo aceptó introducir modificaciones para excluir de las sanciones a los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a los fondos de inversión indirectos.
De esta manera, mientras se aproxima el pronunciamiento del Tribunal del Mar, el conflicto por la explotación petrolera en Malvinas continúa desarrollándose en los planos judicial, diplomático y económico, con intereses de ambos países y la participación de Estados Unidos en el escenario internacional.
El Senado tratará este jueves la sanción definitiva de la Ley de Discapacidad
