Espert se fue, pero ¿la boleta queda?

Los detalles sobre la salida del candidato y sus consecuencias en el nuevo régimen de Boleta Única.

Espert se fue, pero ¿la boleta queda?

(Foto: Camila Godoy)

En un giro sorpresivo, José Luis Espert anunció este domingo su renuncia como candidato de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas del 26 de octubre. La decisión se produjo luego de que el economista admitiera públicamente haber recibido una transferencia de dinero por parte del empresario Fred Machado.

Sin embargo, hasta ahora pareciera que su nombre y foto permanecerán en la boleta este domingo. Esto se debe a la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que debutará a nivel nacional en estos comicios y que fue impulsado, entre otros, por su propio espacio político y el PRO.

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Un escándalo con antecedentes

La situación no es novedosa en la política argentina. En 2015, el periodista Fernando Niembro renunció a su candidatura como diputado nacional del PRO en las listas de Cambiemos, tras ser denunciado por facturar sumas millonarias al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a través de su empresa, La Usina.

La Boleta Única: un cambio que limita las modificaciones de último momento

La implementación de la Boleta Única representa un cambio estructural. Hasta 2023, eran los propios partidos los responsables de imprimir y distribuir sus boletas, lo que permitía realizar modificaciones en casos de renuncia o escándalos, como efectivamente ocurrió con Niembro en 2015.

Ahora, el diseño e impresión dependen de imprentas licitadas por el Gobierno, lo que suma restricciones logísticas y de tiempo. En provincia de Buenos Aires, por ejemplo, las boletas ya se recibieron el lunes, haciendo materialmente imposible reimprimirlas antes del domingo. Este nuevo sistema, impulsado por La Libertad Avanza y el PRO, termina jugando en contra del oficialismo en esta situación puntual, al impedir remover el nombre de un candidato que ha renunciado.

Por otro lado, si se llegara a reimprimir la Boleta Única, le costaría al Estado entre $14 y $16 millones.

 

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