Los procesos de privatización del gobierno de Javier Milei están comenzando a generar roces con los gobernadores aliados. Esta vez, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó al Gobierno nacional que declare obligatorias las obras en los ramales C-14 y C-15 dentro de los pliegos de licitación del ferrocarril Belgrano Cargas, al aseverar que «el norte no puede esperar 50 años más» para tener esa vía de comunicación.
La protesta busca evitar que la concesión privada por medio siglo relegue conexiones estratégicas con Chile y Bolivia. Para dar peso al pedido, el mandatario sumó el respaldo del sector productivo local y convocó a los legisladores nacionales a llevar la discusión al Congreso.
El reclamo de Sáenz
El reclamo provincial se enfoca en la redacción de las condiciones bajo las cuales la Casa Rosada busca concesionar las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Según advirtieron desde la administración salteña, los pliegos redactados para la privatización fijan la recuperación del trazado norteño como una alternativa opcional y no contractual para las empresas oferentes.
«Hace más de un mes que vengo gestionando ante el Gobierno Nacional para revertir esta situación. No podemos permitir que sean opcionales, tienen que ser obligatorias, porque depende de eso el futuro y el progreso de nuestra querida provincia de Salta, y también de todo el Norte argentino», remarcó Sáenz, gobernador de Salta, a través de sus redes sociales, donde insistió en que «el (ramal) C14 termina en Chile, el ramal C15 termina en Bolivia. Es la integración que necesitamos para el progreso de nuestra querida provincia”.
Pérdida de competitividad en el interior
Desde la gobernación salteña hacen un razonamiento básico: dejar librado al mercado el acondicionamiento de los tramos que conectan con los pasos fronterizos profundizará las asimetrías de infraestructura. Las trazas en discusión tienen peso directo en el transporte de carga: el ramal C-14 conecta con Chile y el ramal C-15 con Bolivia, rutas clave para la salida de la producción hacia los puertos del Pacífico y el comercio regional.
«Cuesta mucho más caro llevar nuestros productos al puerto de Rosario que de Rosario a Ámsterdam», graficó Sáenz, al precisar que el traslado interno de la producción provincial genera sobrecostos del 30% al 40%.
«La falta de inversión obligatoria en estos ramales profundiza el atraso, las desigualdades respecto del resto del país y la falta de oportunidades que históricamente afectan a las provincias del norte argentino. Hay que terminar de una vez por todas con la postergación del norte», enfatizó el gobernador.
Para revertir los pliegos vigentes, la gobernación articuló una estrategia junto al empresariado local y convocó a los representantes parlamentarios de la región. El mandatario se reunió con referentes de siete cámaras empresarias y apeló al acompañamiento multipartidario en ambas cámaras del Congreso de la Nación.
«Les pido humildemente a los tres senadores por Salta, a los siete diputados nacionales por Salta, y a todos aquellos que integran el Norte Grande que nos acompañen en este planteo», sostuvo el mandatario provincial, orientando la negociación al marco del debate sobre el Presupuesto 2027.
El esquema oficial de concesión
El plan de privatización impulsado por la gestión nacional contempla la desintegración vertical del sistema ferroviario mediante un régimen de open access. Bajo esta modalidad, las firmas adjudicatarias cobran un peaje por el uso de la vía a cualquier operador logístico, mientras que el Estado proyecta un ahorro fiscal de 78.000 millones de pesos en transferencias corrientes.
En octubre de 2024, el Gobierno inició el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., mediante el procedimiento previsto en la Ley Bases. Pero recién en agosto se avanzó concretamente, al convocarse a una licitación pública nacional e internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.
El Gobierno nacional justifica el proceso por el carácter deficitario del Belgrano Cargas y Logística S.A., pero las autoridades salteñas esperan que las gestiones mantenidas con la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte puedan derivar en modificaciones urgentes a las condiciones de licitación. Según Saénz, el esquema oficial deja de lado el requisito de que las empresas se hagan cargo del servicio que afecta a la logística del norte salteño.