El Gobierno nacional eliminó las retenciones a las exportaciones de más de 200 productos del sector minero, entre los que se destacan el oro, el cobre y las cales. La medida, oficializada mediante el Decreto 563/2025 publicado en el Boletín Oficial, fija una alícuota del 0% para estos bienes, que pertenecen a los rubros de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles, piedras preciosas y semipreciosas.
La norma no incluye a la plata ni al litio, dos de los minerales de mayor proyección internacional. En paralelo, también se derogó el Registro Optativo de Exportaciones de Cobre, creado en 2022 y nunca implementado. «El citado registro nunca resultó operativo», justificó el Ejecutivo.
La decisión se inscribe en un plan de estímulo a las exportaciones y atracción de inversiones, similar al que días atrás redujo retenciones al agro. Desde el Ejecutivo se subrayó que el objetivo es «impulsar la competitividad del sector minero», al tiempo que se asegure el equilibrio fiscal y se promueva un desarrollo productivo sostenible.
En los considerandos del decreto, se remarcó que la minería representa el quinto complejo exportador del país, y concentra el 80% de las exportaciones en provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca. Además, se destacó que la actividad apenas explica el 1,2% del PBI, frente al 10% que alcanza en otras economías mineras de la región.
El Gobierno también vinculó esta decisión con el contexto de transición energética global, que impulsa la demanda de minerales estratégicos como el cobre. En esa línea, días atrás se presentó un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con un proyecto de cobre por más de US$15.000 millones, que podría convertirse en la mayor inversión extranjera directa.
En paralelo, cámaras empresarias del sector agroexportador y logístico manifestaron su rechazo a la derogación por parte de la Cámara de Diputados del DNU 340/2025, que desregulaba el tráfico de cabotaje. Según expresaron desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales y las entidades enroladas en CIARA y CEC, esa normativa buscaba revitalizar el transporte fluvial y marítimo, con el fin de reducir costos logísticos y aumentar la competitividad. Desde esas entidades se advirtió que retroceder en ese camino afecta a sectores clave como la minería y el agro, que necesitan mayor eficiencia en el traslado de cargas para potenciar su desarrollo exportador.