El empresario kirchnerista Lázaro Báez fue formalmente imputado como cabecilla de una organización dedicada al lavado de activos que operaba, presuntamente, desde su lugar de detención en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.
La acusación fue presentada en dos audiencias judiciales celebradas en Santa Cruz, en el marco de una investigación conjunta que sacude el tablero judicial patagónico.
Los nuevos cargos
La formalización de los cargos estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Río Gallegos, liderada por el fiscal federal Julio Zárate, y de la Procelac, representada por el auxiliar fiscal Jorge Rodríguez Ponte. Los funcionarios judiciales presentaron el caso ante el juez federal de Garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, donde detallaron una organización delictiva que involucraría a 16 personas, divididas en dos expedientes conexos.
En el núcleo de la primera causa se investiga un flujo de dinero estimado en 390.880.000 pesos, el cual habría sido administrado y puesto en circulación de forma ilícita. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, Báez -quien cumple una condena unificada de 15 años de prisión- dirigía las maniobras telefónicamente desde la cárcel, a espaldas de las restricciones impuestas por el Código Penal.
La calificación legal provisoria adoptada por la fiscalía reúne graves figuras delictivas que incluyen lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación.
Para los investigadores, la red lograba reinsertar las ganancias irregulares en el circuito legal mediante transferencias fraccionadas entre cuentas de allegados y billeteras virtuales.
El funcionamiento de la red
La segunda causa conexa investiga además a una presunta red narcocriminal dedicada al tráfico de estupefacientes en la región, en un expediente que involucra a nueve acusados y que exhibe puntos de contacto logísticos con el entorno del empresario.
El magistrado Claudio Marcelo Vázquez convalidó doce detenciones bajo prisión preventiva y dispuso pautas de coerción para los cuatro imputados restantes. Asimismo, fijó un plazo de dos años para la instrucción y ordenó el embargo de los vehículos incautados y el levantamiento del secreto financiero.
El avance probatorio se nutre de intervenciones telefónicas y documentación secuestrada, reavivando el foco sobre los bienes del contratista santacruceño. Con la defensa preparando planteos y los acusados en silencio, la causa abre un nuevo y delicado frente judicial en la Patagonia.
El rol de Austral Agro
Una de las firmas que integraría la red dedicada a lavar dinero es Austral Agro S.A. Se trata de una compañía dedicada al sector ganadero, que tras la apertura de este nuevo expediente volvió a quedar en la mira de la Justicia: el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 ordenó que sea liquidada para cubrir con las multas impuestas a Báez y su hijo Martín en la causa “Ruta del dinero K”.
La sociedad fue constituida el 11 de octubre de 2007 por Lázaro Báez y Fernando Javier Butti, con un capital de $50.000. Según el Boletín Oficial, tenía entre sus fines la explotación de actividades agrícolas y ganaderas, como también la compra y venta de inmuebles urbanos y rurales.
En un primer momento, Butti fue nombrado como presidente de directorio, mientras que Báez quedó como director suplente. Sin embargo, con el paso del tiempo la firma quedó en manos de la familia del empresario cercano a los Kirchner: Lázaro pasó a ser director y tenía el 70% de las acciones, mientras que el 30% restante correspondían a su hijo Martín, quien pasó a ser suplente.
A través de varios fallos judiciales, se supo que para 2016 tenía 70 empleados, y que los fondos para el pago de sueldos y otros gastos fueron entregados en efectivo por Lázaro Báez.
En 2018, el TOF N°4 ordenó la intervención judicial de Austral Agro en el marco de la causa por lavado de dinero y sobreprecios en la obra pública, por pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ).
Ahora, Austral Agro volvió a quedar envuelta en el caso que investiga la Justicia Federal de Río Gallegos.
