Trece órdenes de pago con el logo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y una firma atribuida a Gerardo León, ex director ejecutivo de la entidad, quedaron bajo análisis judicial por su presunta vinculación con el desvío de al menos 57 millones de dólares recaudados en el exterior, a través de empresas que habrían funcionado como sociedades fantasma.
Los documentos en cuestión
Según una investigación publicada por La Nación, los documentos fueron secuestrados durante allanamientos realizados en diciembre y marzo y contienen instrucciones dirigidas a TourProdEnter, la firma de Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, para que transfiriera fondos a distintas personas y compañías “por cuenta y orden de AFA”. En total, las órdenes de pago abarcan a 63 sociedades y dos personas físicas.
Las firmas involucradas
Entre las principales beneficiarias aparecen cuatro LLC (Sociedad de Responsabilidad Limitada en Estados Unidos) registradas en Florida –Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat– que recibieron más de 42 millones de dólares.
Las firmas compartían domicilio en un edificio de oficinas de Miami y fueron disueltas en el registro societario de Florida dos días después de que el diario porteño revelara su existencia.
La investigación también identificó transferencias a otras compañías, entre ellas Mafer Trading, W Trading y Tronador Import Export.
La documentación también menciona a Alejandro Almaraz, hijo de José Almaraz, conocido como “El Brujo” de la Selección de Fútbol, quien recibió 340.000 dólares desde cuentas de TourProdEnter entre 2024 y 2025.
La palabra de León
Por otra parte, allegados a Gerardo León sostuvieron que la firma que aparece en los comprobantes fue falsificada y afirmaron que, durante el período de las transferencias, ya no se desempeñaba como director ejecutivo de la AFA, sino como asesor.
Consultada por La Nación, la AFA respondió que el tema “está todo en manos de la Justicia” y que debe resolverlo el Juzgado Federal de Campana.
Mientras tanto, la documentación será contrastada con movimientos bancarios y facturas en el marco de pericias contables ordenadas en distintas causas judiciales, para determinar quién confeccionó y autorizó los pagos y quién controló a sus destinatarios.