El gobernador Axel Kicillof busca transformar el Presupuesto 2026 de la provincia de Buenos Aires en una herramienta política frente al plan de austeridad del presidente Javier Milei. El proyecto, que ingresará el próximo miércoles a la Legislatura bonaerense junto con la ley fiscal y el pedido de endeudamiento, fue diseñado como un “presupuesto de defensa”, con el objetivo de sostener la estructura estatal y la asistencia social en medio de la crisis.
“La economía argentina atraviesa una situación de emergencia producto de las políticas económicas impulsadas por el Gobierno nacional desde diciembre de 2023”, señala el texto del mensaje enviado por el Ejecutivo provincial. Con esa premisa, Kicillof justifica el refuerzo del gasto corriente, al considerar que la provincia es “particularmente vulnerable” a la recesión que afecta al país.
De acuerdo con las planillas oficiales, los gastos corrientes, que incluyen salarios, servicios, transferencias sociales y funcionamiento estatal, representarán $39,86 billones, es decir, el 92,6% del total presupuestado, una cifra récord. En contrapartida, el gasto de capital, destinado a obra pública e inversión directa, caerá al 7,3%, lo que refleja la decisión de priorizar el sostenimiento diario del aparato provincial por sobre la expansión de infraestructura.
Desde el gobierno bonaerense atribuyen esta reducción en la inversión a la “retirada” del Estado nacional. El proyecto acusa a la Casa Rosada de “abandonar sus funciones básicas”, interrumpir “más de mil obras inconclusas” y recortar transferencias no automáticas que afectan directamente a los municipios.
“La recesión se amplifica en la provincia de Buenos Aires, advierte el documento. Se multiplican los cierres de empresas, crece el desempleo y se deterioran los ingresos familiares, mientras la vulnerabilidad social se expande”.
Con este diagnóstico, Kicillof busca blindar políticamente su gestión y reforzar su posición ante el ajuste nacional. El Presupuesto 2026 se perfila así como una declaración de principios: sostener el gasto social y el aparato estatal no solo como medida económica, sino también como una forma de resistencia política frente al modelo libertario del Gobierno central.