A prácticamente un mes de la llegada del Papa León XIV al país, la relación del gobierno nacional con la iglesia católica sigue sumando tensiones. Esta vez, tras el fallo de la Corte Suprema que restituyó la vigencia del artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras, la Comisión Episcopal de Pastoral Social reclamó “velar por la defensa del territorio” nacional.
El pronunciamiento
La Pastoral Social reiteró en realidad su preocupación por la eliminación de todos los límites a la venta de tierras a extranjeros y reclamó velar por “la defensa del territorio”.
A través de un comunicado, apeló a la “responsabilidad” de legisladores nacionales, funcionarios del Poder Ejecutivo y autoridades de la Justicia para que velen “por la defensa de la tierra y el cuidado de la Nación”. De inmediato, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se hizo eco del pronunciamiento y lo difundió a través de sus redes sociales.
Las autoridades eclesiásticas remitieron a un comunicado previo publicado en junio pasado, donde manifestaron su inquietud ante el avance del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada en el Congreso. La iniciativa impulsada por la gestión de Milei incluía una ampliación de los límites contenidos en la Ley de Tierras –hoy derogada por el fallo de la Corte Suprema– a la compra de tierras por parte de extranjeros.
El comunicado previo
En ese momento, el área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen y Cáritas Argentina difundieron una carta con duros cuestionamientos a la propuesta del Ejecutivo.
Dijeron que el proyecto atentaba contra la soberanía territorial y alimentaria, los bienes comunes y la autodeterminación de los pueblos, advirtiendo que la tierra no debe tratarse como “una mercancía” o “un simple recurso económico”.
El documento fundamentó su posición en la Doctrina Social de la Iglesia –incluyó citas del Papa León (Magnifica Humanitas), San Juan Pablo II y Francisco (Laudato Si’)- para defender el principio del destino universal de los bienes y destacar el valor cultural e identitario que la tierra posee para las comunidades campesinas e indígenas.
“Creemos que (la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada) atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”, sostuvo la Pastoral Social, que indicó que “nuestra preocupación se fundamenta en que este proyecto, entre otras cosas, deja sin efecto las limitaciones vigentes para la compra de tierra por parte de extranjeros —personas físicas o empresas— y, en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales”.
“Este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”, agregó el documento, que advirtió que “la tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico. Como nos recuerda el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si’, la tierra es nuestra hermana y nuestra madre, porque nos sostiene, nos alimenta y nos cobija. De ella provienen los alimentos, el agua, las semillas, los paisajes y las múltiples formas de vida que hacen posible nuestra existencia. Cuidar la tierra es cuidar la vida”.
Asimismo, las organizaciones firmantes pidieron facilitar el acceso a la vivienda y advirtieron sobre la necesidad de consensuar marcos jurídicos equilibrados para los alquileres.
En ese marco, la Iglesia exhortó a los legisladores a guiar el debate priorizando el bien común, la justicia social y los derechos de las futuras generaciones por encima de intereses particulares o financieros.
Finalmente, a principios de agosto, el oficialismo debió retirar el capítulo de la extranjerización de tierras de la ley de propiedad privada, al constatar que era imposible sumar los votos necesarios para aprobar ese punto ante el alto rechazo social que generó la iniciativa.
Sin embargo, el fallo de la Corte Suprema volvió a derogar la Ley de Tierras, por lo que actualmente no existe ningún impedimento legal ni límite alguno a la compra de tierras por parte de capitales extranjeros en el país.
Focos de tensión con la iglesia
No es la primera crítica que el Gobierno debe enfrentar de las autoridades de la Iglesia. El viernes pasado, en medio de los preparativos para la visita de León XIV, que llegará al país el 8 de noviembre próximo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dijo que el Sumo Pontífice se encontrará con una Argentina “en crisis”, dividida por “la grieta” y en “donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día”.
García Cuerva también dijo que “hay un porcentaje alto de pobres” y lamentó que en el país “no haya oportunidades” para el desarrollo de los argentinos.
El domingo, en la misa por la Peregrinación a Luján, el propio arzobispo de Buenos Aires pidió por el fin de la grieta y cuestionó la intolerancia y los mensajes de odio, mientras el presidente Milei se dedicaba a replicar textos agraviantes contra diversas figuras en la red social X.
“ACOMODANDO A LA MIERDA HUMANA MAL CAGADA DE MIERDANECIO (Sic)”, expresó Milei en letras mayúsculas para referirse al periodista Luis Novaresio; mientras que a su par Carlos Pagni lo trató de “basura” y a los comunicadores que criticaron a Flavio Bolsonaro los tildó de “periomierdas”. Son algunos ejemplos de un raid violento del jefe de Estado en pocas horas.
El día previo, en su homilía en Luján, García Cuerva le pedía a la Virgen “curar los vínculos entre nosotros” porque “las heridas de la descalificación, de la intolerancia, de la violencia física y verbal ya supuran y parece que se está infectando el corazón del pueblo argentino”.
Reclamos desatendidos
A este panorama, se le añaden reclamos de la Iglesia que el Poder Ejecutivo no resolvió. Uno, es el avance de una ley contra la ludopatía, que restrinja las apuestas online y sus mecanismos.
Otro eje es la discapacidad. Tal como se vio este lunes, se diagramó una reunión en el ministerio de Salud entre la Iglesia y representantes de la gestión Milei para abordar la problemática. Pero del lado de los referentes eclesiásticos se dejó en claro que el encuentro debe traducirse en acciones concretas. De hecho, María Baya Casal, coordinadora de la Mesa de Discapacidad de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), confirmó que habrá una nueva reunión y pidió sumar más referentes al espacio de diálogo.
Las respuestas oficiales
Si bien el Gobierno intenta disimular el malestar con la Iglesia, en vísperas de la visita del papa León XIV, el vocero presidencial Adrián Ravier salió a defender hoy a la gestión económica de Milei y evitó polemizar con García Cuerva. Dijo que al Presidente tampoco le gusta “la foto” sobre la situación social en el país y que es “humillante” que en la Argentina haya un 32% de pobreza, lo que vinculó a la política económica de las últimas décadas.
“Recibimos una Argentina donde más del 50% de la gente estaba debajo de la línea de pobreza. Gracias a la gestión de este gobierno sacamos a mucha gente de la pobreza”, apuntó Ravier, quien dijo que en la administración de Milei están convencidos de que la mejor manera de reducir los índices de pobreza es cuidando el equilibrio fiscal, desregulando la economía y combatiendo la inflación.
“Estamos a mitad de camino y vamos a seguir sacando a gente de la pobreza… El camino es por acá”, insistió en una respuesta indirecta a las críticas eclesiástica.
“La idea es continuar el diálogo con la Iglesia, tenemos reuniones previstas esta semana, y no hay planteos para hacer”, comentaron luego voceros del Gobierno que coordinan con el Vaticano, la Iglesia argentina y representantes de los gobiernos de Córdoba, la provincia y la ciudad de Buenos Aires la logística de la “visita pastoral” de León XIV, como la definieran desde el Episcopado.
Si bien aseguran que la idea es no confrontar, por los costos que tendría entrar en una discusión con la iglesia en el contexto de la visita papal, un rato después el diputado Alejandro Fargosi (LLA) publicó en sus redes sociales una foto de García Cuerva junto a Sergio Massa, con la frase “más claro, imposible”.
Rodríguez Villafañe: “Es evidente que la Corte Suprema no quiere abordar el DNU 70/23”
