La reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el Ejecutivo generó un fenómeno de movilización civil sin precedentes en la historia parlamentaria reciente. En apenas una semana, 18.000 personas y asociaciones se registraron para participar de las audiencias públicas. El número no es solo una estadística: es una avalancha que pulveriza récords previos. Para tomar dimensión, el debate por la despenalización del aborto, uno de los hitos de mayor participación en el Congreso, convocó en total a 800 expositores. Hoy, la cifra de interesados es 20 veces superior, un dato que desnudó la absoluta inviabilidad del cronograma oficial de solo dos días.
El cálculo matemático arroja un escenario que roza lo absurdo. Si cada uno de los 18.000 inscriptos utilizara apenas cinco minutos para exponer, la Cámara de Diputados necesitaría 90.000 minutos. Hablamos de 1.500 horas de escucha ininterrumpida. Si los legisladores sesionaran durante las 24 horas del día, tardarían dos meses en terminar. Si optaran por una jornada laboral de ocho horas diarias, les llevaría 187 días; es decir, terminarían de escuchar al último orador recién dentro de nueve meses.
Ese tiempo equivale a jugar 1.000 partidos de fútbol o a disputar tres temporadas completas de la Primera División argentina. También permitiría viajar de Buenos Aires a Madrid 125 veces o maratonear la serie Friends (236 capítulos) unas 17 veces sin pestañear.
Mientras el oficialismo sospecha de una maniobra para sabotear el tratamiento y busca llevar la ley al recinto después de Semana Santa, la oposición advierte sobre los riesgos legales. Los diputados Maximiliano Ferraro (CC), Sabrina Selva (UP) y María Inés Zigarán (Provincias Unidas) exigieron ampliar la duración de las audiencias para cumplir con el Acuerdo de Escazú. «Limitar la palabra empobrece la democracia y aumenta el riesgo de judicialización», señalaron en un documento que pone el foco en la importancia estratégica de los recursos hídricos.
La pelea de fondo no es menor: los gobernadores cordilleranos presionan por la sanción para ganar potestades sobre el territorio, mientras que sectores ambientalistas alertan sobre la desprotección de reservas de agua clave. Lo que nació como un trámite exprés para el Gobierno se convirtió en un desafío logístico y político que ya no permite atajos simbólicos.