El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que fija severas sanciones para personas y empresas que exploten recursos en las Islas Malvinas sin aval argentino. La propuesta ingresó firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo. En paralelo, el mandatario rechazó en una entrevista que la medida obedezca a fines electorales y atribuyó la aceleración del texto a declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump.
En declaraciones brindadas al canal de streaming Neura, Milei cruzó a los analistas que vincularon el proyecto con un cálculo de imagen política. «Los analistas políticos dicen que impulsamos Malvinas por cuestión de imagen y oportunismo político. Es una estupidez mayúscula», afirmó el Presidente. Al respecto, el jefe de Estado precisó que el detonante fue el comentario de Trump del 31 de agosto sobre la revisión de su postura ante Malvinas. «Hay que ser muy estúpido si creés que es algo de una maniobra electoral cuando es algo que venimos gestando hace tres años», añadió.
Asimismo, el Presidente explicó que la iniciativa busca presionar a las operadoras petroleras para que elijan entre el archipiélago y los yacimientos locales. «A la luz del RIGI, de las mejoras que estamos teniendo, usted tiene que elegir entre un proyecto incierto y los proyectos concretos, por ejemplo de Vaca Muerta», sostuvo Milei. Con esa premisa, el texto formalizado ante el Congreso apunta a desactivar las actividades hidrocarburíferas y de recursos naturales no autorizadas en el Atlántico Sur.
Penas de hasta 20 años de cárcel y multas en barriles de petróleo
En cuanto al articulado ingresado a la Cámara Baja, el proyecto reemplaza el esquema vigente desde 2011 y contempla sanciones a bienes renovables y no renovables en Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Las compañías que operen de forma ilegal afrontarán multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la inhabilitación administrativa por plazos de cinco a 20 años.
En el plano penal, la extracción, transporte o almacenamiento no autorizado de hidrocarburos contempla condenas de 15 a 20 años de prisión. Por su parte, la exploración o explotación de otros recursos no renovables tendrá penas de 12 a 20 años. En los casos más graves, las sanciones económicas podrán escalar hasta el valor de tres millones de barriles de petróleo, mientras que los proveedores que faciliten insumos recibirán condenas de cinco a siete años de cárcel.
Creación del Consejo de Seguridad Nacional y protocolos de intercepción
Además, la normativa contempla la suspensión de actividades societarias por hasta 30 años, la pérdida de beneficios impositivos y la disolución legal de las empresas infractoras. No obstante, el texto incorpora un Régimen de Desistimiento y Regularización para las firmas que abandonen la actividad ilegal y radiquen inversiones en el país.
Por último, el proyecto crea el Sistema de Seguridad Nacional y su órgano rector, el Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente. La propuesta fija protocolos ante aeronaves o embarcaciones hostiles, con maniobras de interposición y disparos de advertencia. La medida extrema de hundimiento quedará reservada de manera exclusiva a una orden presidencial frente a un buque militar hostil, quedando prohibida contra naves civiles.