Agrupaciones vinculadas a la discapacidad se movilizarán este martes en rechazo al veto total que el presidente Javier Milei aplicó sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada recientemente por el Congreso. La concentración principal será a las 11:30 en la Plaza del Congreso, pero se replicará en otras ciudades con protestas en plazas centrales.
La medida fue impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que calificó el veto como un “acto de abandono” por parte del Gobierno nacional y denunció una situación crítica en el sector. Además de la movilización, se suspenderán todas las actividades relacionadas con el área de Discapacidad a modo de protesta por lo que las entidades consideran una decisión injustificada y de alto impacto social.
«Un veto total no es austeridad: es abandono. Es elegir excluir», expresaron desde el Foro en un comunicado público, donde también cuestionaron al Ejecutivo por dejar sin apoyo a personas que dependen del Estado para sobrevivir. «Presidente, ¿cómo se transita una vida digna sin los apoyos necesarios? ¿Cómo se sobrevive sin trabajo ni ingresos?», plantearon con dureza.
Según explicaron, la emergencia en Discapacidad comprende múltiples situaciones: desde personas que trabajan en talleres protegidos cobrando apenas $28.000 mensuales, hasta quienes aún esperan acceder a una pensión o recibir asistencia integral. “Hoy esas personas están en riesgo porque los aranceles no cubren ni los costos básicos, y muchos prestadores están al borde del cierre”, advirtieron.
La ley vetada por Milei formaba parte de un paquete de medidas de carácter social aprobado por el Congreso, que también incluía un aumento a las jubilaciones mínimas y la reinstauración de la moratoria previsional. El veto total a los tres proyectos fue oficializado este lunes en el Boletín Oficial.
Las organizaciones convocantes destacaron que “el verdadero desafío” es construir una sociedad más inclusiva, en la que nadie quede librado a su suerte. Y remarcaron que el Estado tiene una responsabilidad indelegable en la protección de los sectores más vulnerables.
La jornada de protesta promete sumar la voz de familias, trabajadores, prestadores y personas con discapacidad en todo el país, en un llamado urgente a revisar la decisión presidencial y restituir el apoyo a un colectivo históricamente postergado.