La política argentina atraviesa un punto de inflexión definido por la consolidación de La Libertad Avanza (LLA) y la resistencia de las agendas sociales. El 2025 termina con un nuevo mapa del poder, aunque sus fronteras todavía están en disputa.
El hito más contundente ocurrió el pasado 26 de octubre, cuando el oficialismo se impuso en las elecciones legislativas. Al conquistar la primera minoría, el gobierno de Javier Milei obtuvo una validación popular que le permitió dejar de ser una fuerza emergente para convertirse en el nuevo eje ordenador del sistema político.
Sin embargo, el control del Ejecutivo no fue absoluto en el Congreso. La reciente media sanción del Presupuesto 2026 dejó cicatrices estratégicas. A pesar de la narrativa de déficit cero, el oficialismo sufrió un revés al intentar derogar leyes de emergencia. La presión social y legislativa blindó el financiamiento universitario y los fondos para discapacidad, áreas sensibles que los gobernadores aliados se negaron a recortar, forzando a la Casa Rosada a barajar y dar de nuevo en su táctica parlamentaria.
En el plano judicial y simbólico, la confirmación de la prisión domiciliaria para Cristina Fernández de Kirchner marcó el fin de una era. La salida de la escena pública activa de la principal referente opositora -debido a su situación procesal- profundizaron la fragmentación del peronismo, dejando un vacío que el oficialismo busca capitalizar de cara a las reformas estructurales, como la laboral, por ejemplo, que se tratará en febrero del 2026.
Este escenario presenta un Gobierno fortalecido por las urnas pero obligado a la negociación fina. La administración libertaria debe transformar su caudal de votos en leyes concretas, mientras intenta disciplinar a una liga de gobernadores que, aunque socios, ya demostraron que tienen límites propios.